El secretario general del Movimiento de Izquierda Unida (MIU), Miguel Mejía, acusó al Gobierno dominicano de actuar de manera servil al entregar el avión del presidente venezolano, Nicolás Maduro, a las autoridades de Estados Unidos. Según Mejía, esta acción constituye una violación al derecho internacional, ya que República Dominicana había retenido la aeronave en el aeropuerto El Higüero. Venezuela explicó que el avión había aterrizado en el país en busca de asistencia para reparaciones y que su confiscación responde a motivos políticos, como parte de la persecución al gobierno venezolano.
Mejía señaló que funcionarios del Gobierno dominicano, uno de ellos tratando de recuperar su visa y otro buscando ascender, fueron responsables de facilitar la entrega del avión de Maduro. Además, criticó la contradicción de las autoridades, quienes afirman no haber participado en la investigación del avión Dassault Falcon 900EX, que fue trasladado a Florida. Estados Unidos confiscó la aeronave, alegando que fue adquirida ilegalmente por Maduro a una empresa fantasma en ese país y contrabandeada.
El avión incautado, con matrícula de la República de San Marino en Europa, no está registrado a nombre del presidente venezolano, lo que genera incertidumbre sobre su propiedad. Mejía manifestó que no se han presentado pruebas que respalden las acusaciones de actividades ilícitas atribuidas al avión, considerando la confiscación en República Dominicana como un acto arbitrario y caprichoso. Esta situación ha generado descontento en el ámbito político y ha reavivado el debate sobre la relación del país caribeño con Venezuela y Estados Unidos.
La entrega del avión de Maduro ha desatado críticas hacia el Gobierno dominicano por su actitud sumisa y su presunta colaboración con intereses estadounidenses. Miguel Mejía y otros líderes de izquierda han denunciado esta acción como un acto de servilismo que vulnera la soberanía del país. La falta de transparencia en el proceso de confiscación y la escasez de pruebas sobre las acusaciones contra el avión han generado dudas sobre la legitimidad de la acción tomada por las autoridades en este caso.
La polémica en torno a la confiscación del avión de Maduro ha puesto en tela de juicio la relación de República Dominicana con otros países, especialmente con Venezuela y Estados Unidos. El hecho de que la aeronave no esté registrada a nombre del presidente venezolano y las acusaciones de compra ilegal han generado un debate sobre la legalidad y la moralidad de las acciones tomadas en este caso. Miguel Mejía y el Movimiento de Izquierda Unida han instado al Gobierno dominicano a respetar el derecho internacional y a actuar de manera independiente, sin someterse a presiones externas.
En medio de la controversia, se ha cuestionado la transparencia de las decisiones tomadas por las autoridades dominicanas y la falta de fundamentos sólidos para justificar la confiscación del avión de Maduro. La crisis política en Venezuela y la presión internacional ejercida sobre el gobierno de Nicolás Maduro han generado tensiones en la región, afectando a países como República Dominicana. Miguel Mejía ha reafirmado su postura crítica hacia el Gobierno dominicano y ha exigido una explicación clara sobre el papel del país en este incidente y su compromiso con el respeto a la soberanía de otras naciones.