El ex presidente Leonel Fernández denunció un posible esquema de espionaje y corrupción en el contrato entre el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y la empresa Transcore Latam, el cual representa un escándalo que debe ser investigado a fondo como un tema de seguridad nacional. A pesar de la anulación del acuerdo entre el Intrant y Transcore Latam en el 2023 por la Dirección General de Contrataciones Públicas, la empresa continuó operando de manera poco clara, lo que generó preocupación en la opinión pública. Fernández señaló que la empresa inhabilitada pudo recibir pagos y mantener el control sobre la infraestructura, incluidas las cámaras de vigilancia en la ciudad.
En su encuentro semanal "La Voz del Pueblo", Leonel Fernández cuestionó por qué una empresa privada tenía la capacidad de rastrear teléfonos móviles y controlar datos sensibles, más allá de su función inicial de gestionar el tránsito. El expresidente manifestó su preocupación por la posibilidad de que las cámaras instaladas por la empresa pudieran estar realizando espionaje masivo, lo que representa una grave violación al derecho fundamental de privacidad de los ciudadanos. Fernández instó al Gobierno a ofrecer respuestas contundentes sobre este caso, que no solo involucra corrupción, sino que también representa un riesgo para la seguridad nacional y los derechos de los ciudadanos.
El ex mandatario también hizo referencia al artículo 44 de la Constitución, que garantiza la intimidad y el honor de las personas, y resaltó que es inaceptable que las cámaras instaladas para identificar vehículos también puedan identificar teléfonos móviles. Fernández advirtió sobre el peligro de que el Estado delegue en empresas privadas tareas que competen exclusivamente al gobierno, y llamó a no permitir que se juegue con la privacidad de la gente. También insistió en la necesidad de que el Gobierno dé explicaciones claras sobre lo sucedido y tome medidas para proteger los derechos de los ciudadanos y la seguridad del país.
La situación generó una gran preocupación en la opinión pública, ya que el posible espionaje y corrupción por parte de una empresa contratada por el gobierno podría representar un grave riesgo para la seguridad nacional. La continuidad de la relación entre el Intrant y Transcore Latam a pesar de la anulación del acuerdo por parte de la DGCP en el 2023 ha despertado sospechas sobre posibles irregularidades y actividades ilegales. El llamado de Fernández a investigar a fondo este escándalo y garantizar la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos ha sido respaldado por la sociedad civil y organizaciones de la sociedad.
La Fuerza del Pueblo, presidida por Fernández, ha exigido al Gobierno explicaciones claras sobre la situación y ha instado a tomar medidas para evitar que se repitan casos de corrupción y violación de derechos en el futuro. El escándalo ha puesto de manifiesto la importancia de la transparencia en la contratación de empresas privadas por parte del Estado y la necesidad de garantizar que estas cumplan con los estándares éticos y legales establecidos. El llamado a una investigación a fondo y a la rendición de cuentas por parte de las autoridades es fundamental para restaurar la confianza en las instituciones y proteger los principios democráticos en el país.
