La República Dominicana se enfrenta a una ola de retiros en el Congreso, lo que resultará en un importante desembolso financiero para muchos legisladores que dejan sus cargos. Bajo el sistema de pensiones para funcionarios electos del país, estos individuos pueden recibir pensiones mensuales de hasta RD$200,000, dependiendo de sus años de servicio. Este fondo de pensiones para congresistas se financia a través de una combinación de deducciones obligatorias de los salarios de los legisladores y un porcentaje del presupuesto legislativo, sistema que ha estado en vigor desde 1998 con modificaciones posteriores.
Si bien el debate público en torno a estas generosas pensiones suele centrarse en el costo para los contribuyentes, los defensores del sistema argumentan que es una forma de compensación diferida por el servicio público. Sin embargo, los críticos sostienen que los beneficios son excesivos, especialmente considerando los relativamente cortos mandatos de muchos legisladores. A medida que decenas de legisladores se preparan para dejar el cargo, se espera que el costo total de estas pensiones para el gobierno aumente, renovando así llamados para revisar el sistema de pensiones y posibles reformas para hacerlo más sostenible y equitativo.
Según Diario Libre, otros legisladores están abandonando el Congreso pero recibirán menos dinero. Según las regulaciones, aquellos que completen un período legislativo de tres periodos recibirán el 60% de sus salarios, quienes tengan dos obtendrán el 50%, y aquellos que solo acumulen un período tendrán pensiones equivalentes entre el 35 y 55% de sus salarios, dependiendo de la edad a la que ingresaron al Congreso. En ese sentido, el grupo de al menos 43 legisladores que se jubilan y que tienen 60 años o más incluye a Ysabel Jacqueline Ortiz, Elpidio Báez, Rudy María Méndez, Dionisio de la Rosa, Darío Zapata, Juan Alberto Aquino, Santiago Vilorio, Juan Suazo, Esteban Cruz, Eduardo Hidalgo, Jesús Alberti, Francisco Solimán, María Mercedes Fernández y Gertrude Ramírez.
