El reciente posicionamiento del presidente Luis Abinader con respecto a los sectores de la construcción y la agricultura, en el marco de un plan masivo de deportación de haitianos en situación irregular, ha generado debate entre los legisladores sobre la aplicación de la Ley 80-20. Esta ley establece que el 80% de la fuerza laboral de una empresa debe ser dominicana, permitiendo solo un 20% de trabajadores extranjeros, un edicto que muchos argumentan que no se está implementando de manera efectiva. El diputado Ramón Castillo enfatizó la necesidad de que el gobierno dominicano apoye activamente la regularización de los trabajadores extranjeros. Propuso que el estado facilite la legalización de haitianos y otros trabajadores extranjeros que las empresas deseen emplear, sugiriendo que el gobierno renueve su estatus legal cada seis meses. Castillo criticó a los empleadores que explotan el trabajo irregular por su rentabilidad.
La senadora Ginnette Bournigal, de Puerto Plata y afiliada al Partido Revolucionario Moderno (PRM), instó a cambiar las percepciones sociales sobre el empleo en el sector de la construcción. Argumentó la necesidad de motivar a los ciudadanos locales a asumir trabajos como la enseñanza o el trabajo comercial, afirmando: "Este mito de que los haitianos ganan menos no siempre es cierto; a veces ganan más". Si bien reconoció la importancia de las fronteras seguras, abogó por un enfoque pragmático hacia la inmigración, señalando la gestión de la frontera entre Estados Unidos y México como modelo. Amado Díaz, portavoz de los diputados del PRM, hizo eco del llamado a la estricta aplicación de la ley 80-20, criticando a las empresas dominicanas por su percibida avaricia. Afirmó que el aumento de la inmigración está impulsado en gran medida por empleadores que prefieren contratar mano de obra haitiana barata para sus operaciones.
Esta discusión en curso sobre la ley 80-20 y el trabajo extranjero subraya la tensión en la República Dominicana entre las demandas económicas y la política de inmigración, especialmente en industrias como la construcción y la agricultura que dependen en gran medida del trabajo haitiano.
