El sistema de justicia dominicano ha implementado la medida de orden de alejamiento en el Código Penal como forma de proteger a las víctimas de violencia física. Actualmente, se está considerando la posibilidad de endurecer esta medida mediante la imposición de brazaletes localizadores a los agresores. Según un proyecto de ley presentado por el senador Franklin Romero, en casos de violencia de género, los jueces podrán ordenar el uso de dispositivos de vigilancia telemática para garantizar que los agresores se mantengan alejados de las víctimas. Estos dispositivos utilizan tecnología de geo posicionamiento satelital (GPS) y no comprometen la integridad física del portador.
Para autorizar la imposición de brazaletes localizadores, el proyecto de ley busca modificar el artículo 309 del Código Penal y agregar un párrafo a la ley para incluir estos dispositivos. También se agregaría un numeral en el artículo 41 del Código Procesal Penal para permitir la imposición de brazaletes en casos de violencia de género. En situaciones en las que se dicten órdenes de protección, el juez podrá ordenar la utilización de un dispositivo de vigilancia, que podrá ser solicitado por el Ministerio Público o por la víctima querellante.
El proyecto legislativo establece que, en caso de imponerse el localizador de vigilancia, el agresor deberá cubrir el costo del dispositivo, a menos que se demuestre que no cuenta con los medios económicos necesarios. Si el agresor viola las disposiciones de la ley y se quita el dispositivo de vigilancia, el proyecto propone que se ordene su inmediato encarcelamiento a través de la prisión preventiva. Además, si el portador del dispositivo comete un nuevo delito, también procederá la prisión preventiva según lo dispuesto en el artículo siete del proyecto de ley.
El proyecto de ley también contempla sanciones para los agresores que destruyan o alteren los dispositivos de localización. En este caso, podrían enfrentar una multa de hasta 50 salarios mínimos y un proceso judicial que podría llevarlos a enfrentar hasta tres años de prisión. Esta medida busca garantizar que los agresores cumplan con las órdenes de alejamiento y no pongan en riesgo la seguridad de las víctimas. La iniciativa legislativa se encuentra en estudio en el Senado de la República Dominicana y busca fortalecer las medidas de protección a las víctimas de violencia de género.
