En los últimos ocho años, las lluvias torrenciales, especialmente en noviembre, han llevado al gobierno a gastar miles de millones de pesos del Fondo de Calamidades y Emergencias Públicas. En el año pasado, las precipitaciones en Santo Domingo obligaron al Gobierno Central a gastar 9,434 millones de pesos para reparar daños urbanos. Además, en años anteriores se han reportado gastos aún mayores, como los 16,917 millones de pesos utilizados en el 2022 luego del paso del huracán Fiona y las inundaciones.
En el 2020, se emplearon 13,073 millones de pesos debido a la crisis sanitaria causada por la pandemia del coronavirus. Asimismo, en el 2017, las lluvias provocaron pérdidas millonarias, y el gobierno de Danilo Medina tuvo que gastar 11,618 millones de pesos para reparar los daños ocasionados. Para el 2024, el Presupuesto General del Estado asignó solo 594,787,637 pesos para el Fondo de Calamidades, aunque la ley establece que debería destinarse el 1 % de los ingresos corrientes del Gobierno Central para este fin.
A pesar de la asignación presupuestaria prevista, hasta el momento los 594.8 millones de pesos disponibles para este año no han sido utilizados por el Palacio Nacional. En caso de que surjan emergencias que requieran más recursos, el Estado podría recurrir a solicitar préstamos, como ha ocurrido en ocasiones anteriores. Por lo tanto, la Ley de Presupuesto del 2024 autoriza al Poder Ejecutivo a agregar un monto equivalente al 0.5 % del Producto Interno Bruto (PIB) nominal del año a los fondos destinados para cubrir calamidades o emergencias públicas.
La Ley 423-06 establece que, en los años en los que no se utilice el dinero del Fondo de Calamidades y Emergencias Públicas, este debe emplearse para reducir el endeudamiento neto del sector público. Estas medidas buscan garantizar la disponibilidad de recursos suficientes para hacer frente a situaciones de emergencia y desastres naturales, evitando que el gobierno se vea en la necesidad de incurrir en deuda adicional. Es fundamental una adecuada planificación y gestión de estos fondos para garantizar la seguridad y el bienestar de la población ante eventos imprevistos.
