La Unidad de Sanciones Administrativas Electorales de la Junta Central Electoral (JCE), encabezada por Manuel Ramón Peña Conce, ha recibido y tramitado numerosos procesos desde su creación en mayo de 2023. Aunque se han presentado decenas de denuncias por parte de los partidos políticos, aún no se han hecho públicas. Recientemente, los partidos de oposición acusaron al Partido Revolucionario Moderno (PRM) de utilizar recursos del Estado para favorecer a sus candidatos. La unidad se encarga de investigar infracciones administrativas relacionadas con encuestadoras, proselitismo antes de la campaña y la violación de topes, entre otras.
Según Stalin Alcántara Osser, sub-encargado de la Unidad de Sanciones de la JCE, las infracciones administrativas comenzaron a ser contempladas a partir de la promulgación de la Ley 15-19, la cual se mantiene vigente tras su modificación en la Ley 20-23. Sin embargo, la unidad no tiene competencia para sancionar delitos y crímenes electorales, ya que estos son de naturaleza penal y son abordados por la Procuraduría General Especializada en la Investigación y Persecución de Crímenes y Delitos Electorales. La clasificación de las infracciones en contravenciones, delitos y crímenes permite establecer las sanciones correspondientes, como multas o penas privativas de libertad.
Manuel Ramón Peña Conce explicó que la unidad se encarga de investigar y tramitar todas las denuncias recibidas, sin importar su gravedad. Además, también se encarga de temas como el uso indebido de símbolos patrios y la compra de cédulas de identidad electoral, delito que puede ser castigado con hasta tres años de cárcel. La unidad busca velar por el cumplimiento de la legislación electoral y garantizar la transparencia en los procesos electorales. Las investigaciones se realizan tanto por denuncias presentadas como por iniciativa propia, al enterarse de posibles irregularidades a través de diferentes medios, como las redes sociales.
Las atribuciones de la unidad han generado ciertas controversias, ya que en el pasado se atribuían competencias al Tribunal Superior Electoral (TSE), el cual determinó que los crímenes y delitos electorales deben ser conocidos por los tribunales del Ministerio Público. Esto ha generado un marco legal claro y establecido para el manejo de posibles delitos o infracciones electorales. La unidad sigue investigando y tramitando casos de forma independiente, garantizando la imparcialidad y la transparencia en su labor.
Es importante destacar que la unidad no se opone a recibir ninguna denuncia y todas las investigaciones se realizan de manera objetiva y siguiendo lo establecido en la legislación vigente. La colaboración con los distintos actores políticos y sociales es fundamental para garantizar una adecuada supervisión electoral y prevenir posibles fraudes o irregularidades durante los procesos electorales. La labor de la unidad es fundamental para mantener la integridad y la legitimidad de las elecciones en la República Dominicana.
En resumen, la Unidad de Sanciones Administrativas Electorales de la JCE juega un papel clave en la supervisión y seguimiento de posibles infracciones electorales, garantizando la transparencia y la legalidad en los procesos electorales del país. A través de investigaciones independientes y la aplicación de sanciones correspondientes, contribuye a fortalecer la democracia y fomentar la confianza de la ciudadanía en las instituciones electorales.
