El Gobierno español planea aprobar una ampliación de la prevención de riesgos laborales para las empleadas del hogar, que incluirá evaluaciones de puestos de trabajo y exámenes médicos periódicos. Estas nuevas obligaciones serán facilitadas por el Estado y formarán parte de la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud. El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo proporcionará a los empleadores una herramienta digital para evaluar los puestos y las empleadas realizarán la formación en línea. El costo de estas medidas no recaerá en las trabajadoras y las familias solo tendrán que asumir gastos adicionales si desean un seguro que proporcione el servicio.
Además de las evaluaciones médicas y la formación en riesgos asociados al trabajo doméstico, también se prevé la elaboración de un protocolo contra la violencia y el acoso en el servicio del hogar familiar, que estará a cargo del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo en el plazo de un año desde la publicación de la norma general. Sin embargo, la entrada en vigor de estas obligaciones se retrasará hasta al menos enero de 2026 y serán exigibles seis meses después de que el INSST tenga lista la plataforma digital. La formación y los reconocimientos médicos serán únicos, incluso si se trabaja para varios empleadores, y se llevarán a cabo dentro o fuera del horario laboral, pero compensables con descanso equivalente.
El texto legal, consensuado con los sindicatos, reconoce que los trabajadores del hogar han sido históricamente objeto de un trato normativo degradado y discriminatorio, siendo considerados como una actividad subalterna de escaso valor económico. Se destaca que esta actividad está mayoritariamente feminizada, lo que refuerza la discriminación de género en el ámbito laboral. Según datos de la Encuesta de Población Activa, en España alrededor de 580,000 personas se dedican al trabajo doméstico, de las cuales el 86,40 % son mujeres. La normativa busca dar mayor protección y dignidad a estas trabajadoras, que tradicionalmente han sido menospreciadas en el mercado laboral.
Estas medidas tienen como objetivo equiparar los derechos laborales de las empleadas del hogar con los de otros sectores y garantizar su seguridad y bienestar en el trabajo. La formación en riesgos laborales y los exámenes médicos periódicos buscan prevenir lesiones y enfermedades laborales, así como concienciar a los empleadores sobre la importancia de garantizar un ambiente laboral seguro y saludable. La implantación de un protocolo contra la violencia y el acoso también busca proteger a las trabajadoras del hogar de situaciones abusivas y discriminatorias, promoviendo un entorno laboral más respetuoso y seguro.
La normativa establece plazos para la implementación de estas medidas, con la entrada en vigor prevista para 2026. A pesar de los plazos establecidos, se busca garantizar que las empleadas del hogar reciban la formación y los reconocimientos médicos necesarios para proteger su salud y bienestar en el trabajo. La colaboración con los sindicatos y la consideración de las particularidades de este sector laboral demuestran un esfuerzo por mejorar las condiciones laborales y la protección de los derechos de las trabajadoras del hogar. Sin embargo, se espera que estas medidas contribuyan a mejorar la calidad de vida y el bienestar de las empleadas del hogar en España, y a promover una mayor igualdad de género en el ámbito laboral.
