El presidente de la Unión Nacional de Empresarios, Leonel Castellanos Duarte, considera que la gestión de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDE) por parte del sector privado podría ser una alternativa positiva si se lleva a cabo de manera responsable. Sugiere que una posible concesión de las EDE debería ser el resultado de un proceso de licitación internacional transparente y libre, en el que participen todas las empresas interesadas y se establezcan compromisos claros de inversión y gestión.
Castellanos Duarte enfatiza la importancia de que la adjudicación de las EDE incluya términos contractuales que establezcan un plan de regulación y supervisión por parte de la Superintendencia de Electricidad, así como un programa de vigilancia a cargo de un comité de veeduría. Este comité se encargaría de evaluar la calidad del desempeño y de la gestión de los recursos destinados al mantenimiento y mejora de la infraestructura eléctrica.
El presidente de la UNE señala que este tema ya fue discutido en el Pacto Eléctrico, pero no se llegó a un acuerdo. Sin embargo, enfatiza la importancia de que el sector privado asuma los riesgos de inversión en lugar de que sea el Estado quien lo haga, como ha ocurrido en experiencias anteriores. Además, destaca que al privatizar la gestión de las EDE se lograría despolitizar su funcionamiento.
Estas declaraciones surgen en respuesta a comentarios realizados por Antonio Almonte y Celso Marranzini sobre la posibilidad de otorgar la gestión de las EDE al sector privado. Castellanos Duarte sostiene que esta medida podría ser beneficiosa si se lleva a cabo de manera transparente y responsable, con la participación de todas las empresas interesadas y estableciendo un plan de supervisión y regulación adecuado.
En resumen, el presidente de la UNE aboga por una concesión de las EDE al sector privado siempre que se realice mediante un proceso de licitación transparente y con compromisos claros de inversión y gestión. Además, destaca la importancia de establecer mecanismos de supervisión y vigilancia para garantizar el correcto funcionamiento de estas empresas. Por último, subraya que esta medida permitiría despolitizar la gestión de las EDE y transferir los riesgos de inversión al sector privado, en lugar de que sean asumidos por el Estado.
