La violación de la Ley número 113-21 en República Dominicana, que prohíbe el uso de dispositivos electrónicos en los centros penitenciarios, ha puesto de manifiesto graves problemas en el sistema carcelario del país. A pesar de que la normativa tiene como objetivo garantizar la seguridad nacional y prevenir la organización de delitos desde las cárceles, su implementación no ha sido efectiva, lo que ha generado preocupación. El artículo 102 de esta ley prohíbe el uso de computadoras personales, teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos dentro de las prisiones, pero las autoridades penitenciarias han enfrentado grandes desafíos en su aplicación.
Además de las sanciones impuestas a los reclusos, la Ley 113-21 también establece en su numeral tres del artículo 123 que los funcionarios, oficiales o agentes penitenciarios que permitan la violación de estas prohibiciones serán sancionados de acuerdo con la Ley de Función Pública. En 2011, se emitió el Decreto 564-11 que ordenaba la adquisición de bloqueadores de señales en las cárceles, pero este plan nunca se llevó a cabo. Durante la gestión del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), se señaló que la iniciativa habría sido desviada, según el expediente del caso "Medusa".
Recientemente, el presidente del Indotel, Guido Gómez Mazara, anunció un plan piloto para instalar bloqueadores de señal en el Centro de Corrección y Rehabilitación El Pinito, en La Vega, con el objetivo de reducir el 30% de los delitos cibernéticos que se originan desde las prisiones. Esta medida es parte de los esfuerzos para combatir el uso indebido de dispositivos electrónicos en los centros penitenciarios y prevenir la comisión de delitos desde el interior de las cárceles. La implementación de estos bloqueadores de señales es crucial para garantizar la efectividad de la Ley 113-21 y mejorar la seguridad en las prisiones dominicanas.
La falta de implementación efectiva de la Ley 113-21 en los centros penitenciarios dominicanos ha sido un problema persistente que ha contribuido a la inseguridad y al surgimiento de delitos desde dentro de las cárceles. A pesar de las prohibiciones establecidas en la normativa, el uso de dispositivos electrónicos como celulares dentro de las prisiones ha sido una práctica común, lo que pone en riesgo la seguridad de las instalaciones y de la sociedad en general. La instalación de bloqueadores de señales representa una medida importante para abordar esta problemática y prevenir la comisión de delitos desde las cárceles.
El desvío de los fondos destinados a la adquisición de bloqueadores de señales en el pasado ha sido un obstáculo significativo en la lucha contra el uso indebido de dispositivos electrónicos en las cárceles dominicanas. Esta situación ha debilitado los esfuerzos para garantizar la implementación efectiva de la Ley 113-21 y para mejorar la seguridad en los centros penitenciarios del país. Es fundamental que las autoridades penitenciarias y gubernamentales prioricen la instalación de estos dispositivos para cumplir con los objetivos de la normativa y proteger la seguridad nacional.
En resumen, la violación de la Ley número 113-21 en los centros penitenciarios dominicanos revela deficiencias significativas en el sistema carcelario del país, especialmente en lo que respecta al uso de dispositivos electrónicos. La falta de implementación efectiva de esta normativa ha generado preocupación y ha permitido la proliferación de delitos desde las cárceles. La instalación de bloqueadores de señales en las prisiones es una medida crucial para abordar este problema y mejorar la seguridad en el sistema penitenciario. Es necesario que las autoridades penitenciarias y gubernamentales tomen acciones concretas para garantizar el cumplimiento de la Ley 113-21 y prevenir la comisión de delitos desde el interior de las cárceles dominicanas.
