La creación de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) en la República Dominicana ha generado preocupaciones en cuanto a la confidencialidad de las fuentes y el derecho a la privacidad, según la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). La Ley 1-24, aprobada en diciembre y actualmente en proceso de reforma, contiene artículos que podrían limitar las libertades de prensa y expresión, según la Sociedad Dominicana de Diarios y otras organizaciones de la sociedad civil.
Uno de los aspectos más controvertidos de la ley es el artículo 11, que otorga a la DNI la facultad de exigir información a instituciones privadas y personas físicas. Esto se percibe como una posible violación de derechos fundamentales y una amenaza a la libertad de prensa. Ante las críticas recibidas, el presidente Luis Abinader ha instruido la formación de una comisión intersectorial, en la que participa la Sociedad Dominicana de Diarios, para revisar la ley y proponer salvaguardas que protejan los derechos constitucionales.
La comisión intersectorial aún se encuentra trabajando en la reforma del texto de la ley para garantizar que no viole normas constitucionales y busca consenso entre el sector oficial, la SDD y otras organizaciones que han expresado preocupaciones sobre las ambigüedades de la ley. Mientras tanto, se espera que el Tribunal Constitucional emita fallos sobre los recursos de inconstitucionalidad presentados, y en el Congreso se están debatiendo diversos anteproyectos de ley para modificar la normativa existente.
La Sociedad Interamericana de Prensa ha expresado su preocupación por las posibles repercusiones negativas que la Ley DNIS podría tener en las libertades de prensa y expresión en la República Dominicana. La apertura de la DNI a exigir información a instituciones privadas y personas físicas plantea interrogantes sobre la protección de datos personales y la confidencialidad de las fuentes periodísticas, aspectos fundamentales para el ejercicio del periodismo en un entorno libre y democrático.
La revisión y reforma de la ley están en curso, con la participación activa de la sociedad civil, incluida la Sociedad Dominicana de Diarios, en el proceso de búsqueda de consenso y salvaguardas para proteger los derechos constitucionales. Se espera que los fallos del Tribunal Constitucional y los posibles cambios legislativos en el Congreso contribuyan a garantizar que la normativa en materia de inteligencia respete los principios democráticos y los derechos fundamentales en la República Dominicana.
