La represión en las protestas de Venezuela después de las elecciones presidenciales del 28 de julio ha sido calificada como "brutal" por Human Rights Watch (HRW), que ha recibido informes creíbles de 24 asesinatos y ha verificado de forma independiente once de ellos. La organización ha recibido los informes de organizaciones locales independientes como Foro Penal, Justicia Encuentro y Perdón, Monitor de Víctimas y Provea, o los ha identificado en redes sociales. HRW documentó 11 de estos casos de forma independiente mediante la revisión de actas de defunción, verificación de videos y fotografías, y entrevistas a testigos y otras fuentes locales.
Muchas personas que podrían proporcionar información sobre los casos rehusaron ser entrevistadas por miedo a represalias del gobierno. HRW analizó y verificó 39 videos y dos fotografías de las protestas, consultó con patólogos forenses y expertos en armas, y confirmó los lugares exactos donde se filmaron los videos. Según las autoridades de Venezuela, más de 2.400 personas han sido detenidas en las protestas, mientras que el Foro Penal registró más de 1.580 presos políticos desde el 29 de julio, incluyendo 114 adolescentes. Los fiscales han imputado a cientos de personas utilizando delitos ampliamente definidos y con penas de larga duración.
HRW documentó que las autoridades venezolanas violan los derechos humanos de manifestantes, transeúntes y líderes de la oposición después de las elecciones del 28 de julio, en las que el Consejo Nacional Electoral le dio la victoria a Nicolás Maduro, aunque la oposición reclama el triunfo. La represión en Venezuela ha sido calificada como brutal por la directora de la División de las Américas de HRW, en medio de protestas lideradas por la oposición contra el resultado electoral. Las autoridades y los 'colectivos', civiles armados partidarios del Ejecutivo, han cometido abusos generalizados, incluyendo asesinatos, detenciones arbitrarias y acoso a críticos del gobierno.
Un juez ordenó la captura del candidato opositor Edmundo González por varios delitos, incluida la instigación a la desobediencia y la conspiración. A pesar de las irregularidades y violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno, incluyendo detenciones de miembros de la oposición y restricciones al voto, un gran número de venezolanos votó en las elecciones. El CNE declaró a Maduro vencedor con más del 51% de los votos, pero expertos electorales de la ONU y el Centro Carter cuestionaron la transparencia e integridad del proceso y la falta de publicación de las actas de escrutinio por parte del organismo controlado por el chavismo.
