El proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo para declarar la necesidad de reforma constitucional pretende cambiar la forma de designar al procurador general de la República y otorgarle inamovilidad relativa a este funcionario. La propuesta establece que el presidente propondrá una persona al Consejo Nacional de la Magistratura para su aprobación, y el procurador gozará de inamovilidad por dos años, pudiendo ser confirmado por períodos similares sin límite. Esta medida busca equilibrar el poder del presidente en esta designación, inspirada en la idea de Montesquieu de frenos y contrapesos en el sistema democrático.
En la República Dominicana, el presidente tiene la exclusiva potestad de nombrar al procurador general de la República, sin necesidad de aprobación del Senado excepto en casos específicos como embajadores. Esta falta de contrapeso entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo en cuanto a ciertas designaciones es una característica única del sistema constitucional dominicano. Sin embargo, la propuesta presentada plantea un contrapeso necesario en la designación del procurador general, una figura clave en la institucionalidad del país.
La propuesta de que el Consejo Nacional de la Magistratura apruebe la designación del procurador general presenta varios problemas, incluyendo la participación de magistrados de la Suprema Corte de Justicia en la decisión y la falta de transparencia en su deliberación. Además, que este órgano decida sobre la continuidad del procurador general al final de su término implica que el presidente sea solo uno más en esta decisión, lo cual podría debilitar su legitimidad democrática en esta designación.
La inamovilidad propuesta para el procurador general puede generar problemas al convertirlo en un funcionario con poder absoluto, sin rendir cuentas a nadie y sin control sobre su gestión. Se sugiere que el contrapeso al presidente en esta designación sea llevado a cabo por un órgano político como el Senado, con legitimidad democrática y transparencia en sus deliberaciones. Además, se propone que el presidente mantenga la potestad de remover al procurador general para evitar la concentración de poder en una sola figura.
En resumen, la propuesta de reforma constitucional para modificar la designación y la inamovilidad del procurador general de la República plantea importantes desafíos en cuanto a contrapesos, transparencia y equilibrio de poderes. Es fundamental encontrar una solución que garantice la independencia y la imparcialidad de esta figura clave en la institucionalidad del país, evitando que la concentración de poder pueda afectar la gobernabilidad política y la moderación en el ejercicio de sus funciones.
