Una encuesta desfasada publicada por la Fuerza del Pueblo motivó al Partido Revolucionario Moderno a quejarse ante la Junta Central Electoral por violar las normas. El PRM pidió que se establezca un precedente para que los partidos políticos respeten la ley electoral. La encuesta controversial incluía resultados de una segunda vuelta con Luis Abinader liderando con un 46.2%, seguido por Leonel Fernández con un 37.2% y Abel Martínez con un 12.5%. La fecha límite para publicar encuestas era el 11 de mayo, una semana antes de las elecciones.
El delegado del PRM ante la JCE, Sigmund Freund, y otros representantes solicitaron que se impongan sanciones administrativas por la violación de la ley electoral. El artículo 216 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral establece multas de hasta 200 salarios mínimos para los infractores. A pesar de esto, el PRM ha tratado de cumplir con las disposiciones legales durante el proceso electoral, como la prohibición de montar carpas en los centros de votación por orden de la JCE.
Milagros Ortiz Bosch, directora de Ética e Integridad Gubernamental, mencionó que el PRM ha aprendido una nueva forma de hacer política y que han tratado de cumplir con las leyes durante la campaña electoral. Esta queja ante la JCE no es la primera del PRM esta semana, ya que anteriormente denunciaron las noticias falsas en redes sociales dirigidas al gobierno. Esto muestra la tensión política que se vive en el país en vísperas de las elecciones de 2024.
La posible imposición de sanciones administrativas por parte de la JCE contra la Fuerza del Pueblo por la publicación de la encuesta fuera de fecha podría ocurrir después de las elecciones, ya que no hay un tiempo específico establecido para ello. La Fuerza del Pueblo ha sido criticada por violar las normas electorales y se espera que la JCE tome medidas al respecto. Este incidente resalta la importancia de respetar las reglas y normativas durante el proceso electoral para garantizar la transparencia y la equidad.
La queja del PRM ante la JCE también involucra el supuesto uso de recursos del Estado durante la campaña por parte de la oposición. Esto ha generado controversia y tensiones entre los partidos políticos en el contexto de las elecciones de 2024. La petición del PRM para establecer un precedente sobre el respeto a la ley electoral es una muestra de la importancia de mantener la integridad y la legalidad en el proceso democrático. La JCE tendrá la responsabilidad de evaluar y tomar medidas ante las posibles violaciones de las normas electorales.
