El presidente Luis Abinader se ha visto obligado a retirar varias reformas propuestas debido a la presión social en nueve ocasiones. En este caso, la reforma fiscal provocó quejas generalizadas en todos los sectores del país, lo que llevó a su retirada luego de protestas y críticas. Esto se repite en su pasado gobierno, donde proyectos sometidos al Congreso Nacional tuvieron que ser retirados por disposición del presidente tras críticas y protestas de la población.
En su primer gobierno, durante la pandemia de covid-19 en 2020, Abinader intentó imponer impuestos "transitorios" que afectarían al salario 13 y a las compras por internet, lo que generó gran indignación en la población. Uno de los impuestos propuestos era al doble sueldo o salario 13, lo cual fue rechazado por la población y finalmente el presidente desistió de sus intenciones. Este patrón se repitió en diversos proyectos y propuestas, haciendo que el gobierno tuviera que retroceder en sus decisiones.
En el caso de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, se anunció un fideicomiso público para su gestión a principios de 2022. A pesar de haber sido aprobado por la Cámara de Diputados, el presidente decidió posponer la propuesta debido a denuncias de supuesta privatización. Otro proyecto controversial fue el de Trata de Personas, que garantizaba residencia dominicana a los ilegales, lo cual generó críticas de la sociedad y llevó al retiro de la iniciativa por parte del Gobierno.
En junio del mismo año, el Gobierno presentó un proyecto de ley contra la ciberdelincuencia, conocida como ley mordaza, que fue rechazado por amenazar la libertad de expresión. Esto provocó alboroto en los medios de comunicación y críticas generalizadas. Además, Abinader sometió a consenso una ley que modificaba las funciones de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), lo que generó protestas de diversos sectores por considerar que violaba derechos fundamentales, como la intimidad y la libertad de prensa.
Otra disposición en la que el gobierno tuvo que retroceder fue una resolución del Ministerio de Administración Pública (MAP) y la Dirección General de Presupuesto (Digepres) que restringía el ingreso o movimientos de personal, y reajustes salariales en la administración pública. Esto generó críticas y protestas, lo que llevó a una reconsideración por parte del Gobierno. En resumen, la presión social ha sido determinante en varias ocasiones para que el presidente Abinader se vea obligado a dar marcha atrás en sus decisiones y propuestas, demostrando la importancia del diálogo y la participación ciudadana en las políticas gubernamentales.
