La Procuraduría Especializada Contra los Delitos Electorales ha solicitado a la Policía Nacional la asignación de 400 policías a nivel nacional para las elecciones del próximo mayo. Estos efectivos conformarían el tercer grupo de seguridad militar que se crearía para la red de custodia de los recintos electorales, lo que contribuiría a garantizar la tranquilidad del proceso electoral y del perímetro de los recintos. Estos grupos de trabajo se ajustarán a la Resolución 18-24 del Pleno de la JCE, que establece el protocolo para la seguridad de la cadena de custodia y de los recintos electorales por parte de la Policía Militar Electoral durante las elecciones, y trabajarán en coordinación con la Policía Militar Electoral bajo la supervisión de los fiscales electorales.

Estas declaraciones se dieron en un encuentro de trabajo entre la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, el procurador electoral Iván Féliz Vargas y el Pleno de la Junta Central Electoral (JCE), con el objetivo de coordinar acciones para fortalecer la persecución de los delitos electorales de cara a las elecciones presidenciales y congresuales que se realizarán el próximo 19 de mayo en el país. Esta coordinación entre las autoridades competentes busca garantizar unas elecciones libres de irregularidades y fraudes, asegurando así la transparencia y legitimidad del proceso electoral.

El papel de la Policía Militar Electoral es fundamental en el resguardo de la seguridad durante los comicios electorales, por lo que la asignación de estos 400 policías adicionales permitirá reforzar aún más las medidas de seguridad en los recintos electorales. Estos agentes contarán con experiencia en investigación y prestarán servicio en coordinación con la Policía Militar Electoral, lo que garantizará un despliegue efectivo y coordinado en aras de mantener la paz y el orden durante el proceso electoral.

La participación de la Policía Nacional en la seguridad de las elecciones es un aspecto clave para asegurar un ambiente de confianza y tranquilidad entre los ciudadanos que acudirán a votar. La colaboración entre las autoridades competentes, como la Procuraduría Especializada Contra los Delitos Electorales, la Policía Nacional y la Policía Militar Electoral, resulta indispensable para garantizar la integridad del proceso electoral y evitar cualquier tipo de interferencia o acto delictivo que pueda afectar la legitimidad de los resultados.

La implementación de estos grupos de seguridad militar responde a la necesidad de fortalecer la vigilancia y protección de los recintos electorales, garantizando así que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto de forma segura y tranquila. La coordinación entre las distintas instituciones involucradas en el proceso electoral es fundamental para lograr unas elecciones limpias y transparentes, en las que se respete la voluntad popular y se garantice la legitimidad de los resultados.

En este sentido, es importante destacar el compromiso de las autoridades con la persecución de los delitos electorales, así como la importancia de contar con medidas de seguridad efectivas que garanticen la protección de los recintos electorales y la integridad del proceso electoral en su conjunto. La coordinación y colaboración entre las diferentes instituciones responsables de la seguridad durante las elecciones permitirá fortalecer la confianza de la ciudadanía en el sistema electoral y asegurar unas elecciones libres y justas.

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