El movimiento cívico Participación Ciudadana cuestionó el Fondo de Asistencia Social conocido como "barrilito", señalándolo como parte del "clientelismo continuo" en el Senado y argumentando que no constituye la función esencial de un legislador. El coordinador de PC, Erick Hernández-Machado Santana, consideró que la vía para cuestionar este fondo es a través de una acción de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional (TC), ya que la ayuda social no es una función primordial de un legislador en el Congreso. Machado Santana sostuvo que la partida del barrilito debe ser cuestionada bajo criterios de razonabilidad ante la jurisdicción constitucional, permitiendo que el TC revise su validez.

En agosto de 2020, Participación Ciudadana pidió a los nuevos senadores que eliminen los privilegios que han distorsionado la labor del Congreso, y que se centren en legislar, representar a los ciudadanos y fiscalizar el uso de fondos públicos. También solicitaron la eliminación del "cofrecito" de la Cámara de Diputados, consistente en fondos entregados a discreción en fechas especiales. En 2022, reiteraron la eliminación de las exoneraciones para importar vehículos y la racionalización de los viáticos y gastos de representación, así como de las asignaciones a las oficinas senatoriales.

En abril de 2022, la Fundación Deecir y la señora Finetta Castillo Quiñones presentaron un recurso en el Tribunal Constitucional contra el barrilito. Sin embargo, la acción no prosperó y fue declarada "inadmisible" porque los demandantes no impugnaron el acto administrativo en sí, sino que atacaron el beneficio en sí mismo, lo cual estaba fuera del control directo de constitucionalidad del TC en la República Dominicana.

Erick Hernández-Machado Santana es un defensor activo de la transparencia y la rendición de cuentas en el ámbito político dominicano. Ha abogado por la eliminación de prácticas como el barrilito y el clientelismo en el Senado, involucrándose en acciones legales y promoviendo la participación ciudadana en la defensa de la democracia y la institucionalidad. Su enfoque se centra en la importancia de que los legisladores se centren en su labor principal de legislar, representar a la ciudadanía y fiscalizar adecuadamente el uso de los fondos públicos.

En resumen, Participación Ciudadana ha sido un actor clave en la lucha contra prácticas clientelistas y de opacidad en el Congreso dominicano, cuestionando el funcionamiento del barrilito y otros beneficios discrecionales. A través de acciones legales, como recursos en el Tribunal Constitucional, y de presión ciudadana, han buscado promover una mayor transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública. Erick Hernández-Machado Santana se destaca por su compromiso con la defensa de los principios democráticos y la construcción de un sistema político más justo y equitativo en la República Dominicana.

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