Leidy Blanco García, miembro del Consejo y Coordinadora de la Unidad de Análisis Político de Participación Ciudadana, expresó el respaldo de la organización a varios puntos clave de la reforma constitucional presentada por el presidente Luis Abinader. Destacó la importancia de las medidas para impedir la reelección presidencial y fortalecer al Ministerio Público. Blanco García señaló que es crucial establecer medidas que impidan que aquellos que vayan a reformar la Constitución se beneficien de dicha reforma, especialmente en un contexto donde las reformas constitucionales han sido utilizadas para favorecer al presidente en funciones, principalmente en relación con la reelección presidencial.
La representante de Participación Ciudadana también mostró su apoyo a la propuesta de consolidar al Ministerio Público, resaltando la importancia de garantizar su independencia y eficacia en la administración de justicia. Reconoció que la independencia total del Ministerio Público es difícil de lograr, pero es necesario tomar medidas para combatir los vicios que permiten la politización del sistema. Valoró positivamente la exclusión del procurador general de la República del Consejo Nacional de la Magistratura y la elección del procurador por dicho órgano en lugar de ser nombrado directamente por el Presidente.
En cuanto a la propuesta de reforma constitucional de Abinader, Blanco García destacó la inclusión de nuevos requisitos para la selección del procurador, como tener más de 5 años fuera del ejercicio político o no tener militancia política conocida. Abogó por fortalecer la carrera del Ministerio Público y propuso que el procurador provenga del ejercicio jurídico o judicial. Además, señaló la necesidad de mejorar la propuesta de disminuir la cantidad de diputados en el Congreso Nacional, cuestionando la reducción de diputados locales combinada con el aumento de diputados nacionales, y comparando la población dominicana con la de otros países como Costa Rica.
Blanco García también abogó por la eliminación del Parlamento Centroamericano, señalando que solo representa un gasto para el Estado y apoyo para la impunidad. En cuanto a la unificación de las elecciones, expresó su preferencia por mantener la separación de los comicios, con dos años de diferencia entre las elecciones congresuales y municipales, y las presidenciales. Destacó la importancia de reducir el elevado costo de las elecciones, disminuyendo el financiamiento público y estableciendo sanciones robustas en la Ley de partidos políticos para garantizar el cumplimiento de los tiempos de campaña por parte de los partidos políticos.
