Participación Ciudadana, un movimiento cívico no partidista, ha exigido explicaciones sobre la continuidad del contrato de semaforización del Gran Santo Domingo con la empresa Transcore Latam. Esto se debe a que el contrato había sido anunciado como suspendido en octubre del año pasado. La organización considera que es fundamental que la población conozca el nivel de ejecución del contrato, los pagos realizados durante el proceso y las razones por las cuales se dejó el control del sistema a una empresa cuestionada por el propio Gobierno. La Dirección de Compras y Contrataciones suspendió el acuerdo legal entre el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte (Intrant) y la mencionada compañía, que ascendía a los RD$1,300 millones de pesos, luego de identificar irregularidades, como que la empresa fue creada meses antes del concurso y que el dueño oficial era un empleado del Intrant.

En una comunicación de prensa, Participación Ciudadana, filial de Transparencia Internacional en la República Dominicana, ha expresado su descontento con los argumentos presentados la semana pasada por el vocero del gobierno, Homero Figueroa. Consideran que estos argumentos son superficiales y no satisfacen las expectativas de una sociedad que merece explicaciones sobre el uso adecuado de los fondos públicos. La organización señala que la sociedad dominicana está cansada de la falta de transparencia en contratos de esta naturaleza, que involucran grandes sumas de dinero y que a menudo caen en el olvido mediático después de un escándalo. Participación Ciudadana llama la atención sobre la importancia de la rendición de cuentas en estos casos.

En relación con el caso de Transcore Latam y el contrato de semaforización, Participación Ciudadana también ha instado al Ministerio Público a dar a conocer el curso de las investigaciones que se iniciaron el año pasado y de las cuales la ciudadanía no tiene información. La organización reconoce que el Ministerio Público no debe publicar resultados que puedan afectar un proceso investigativo, pero considera necesario que la población esté informada sobre la existencia de un proceso en un caso que involucra una cifra considerable de dinero y un servicio relacionado con la seguridad nacional. Es fundamental para el Estado de Derecho que se garantice la transparencia y la rendición de cuentas en situaciones como esta.

Además, Participación Ciudadana ha cuestionado la suspensión de la licitación del pasaporte electrónico y otros escándalos que han surgido en la administración del presidente Luis Abinader, días después de que funcionarios firmaran un compromiso con la ética y la transparencia. La organización destaca la importancia de que los funcionarios públicos cumplan con los principios de integridad y transparencia en todas sus acciones, especialmente en lo que respecta a contratos públicos y el uso de fondos del Estado. La sociedad dominicana merece una gestión pública honesta y responsable, en la que se garantice el respeto por el dinero de los contribuyentes y se promueva la rendición de cuentas como pilar fundamental de una democracia sólida.

En conclusión, Participación Ciudadana está comprometida con la promoción de la transparencia, la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción en la República Dominicana. El movimiento cívico no partidista ha exigido explicaciones sobre la continuidad del contrato de semaforización del Gran Santo Domingo con la empresa Transcore Latam, en medio de irregularidades y cuestionamientos sobre el proceso de adjudicación. La organización considera que es esencial que la sociedad dominicana esté informada sobre el destino de los fondos públicos y el uso adecuado de los recursos del Estado. Participación Ciudadana seguirá vigilante en la defensa de los principios democráticos y en la denuncia de prácticas corruptas que afecten el interés general de la población. La transparencia y la rendición de cuentas son pilares fundamentales en la construcción de una sociedad justa y equitativa.

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