La Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela ha afirmado que hay motivos razonables para creer que el Gobierno de Nicolás Maduro cometió "crímenes de lesa humanidad" antes, durante y después de las elecciones presidenciales del 28 de julio. En un informe de 158 páginas abarca el periodo desde el 1 de septiembre de 2023 hasta el 31 de agosto de 2024, acusando a las fuerzas de seguridad y grupos civiles armados progubernamentales de cometer asesinatos, desapariciones forzadas, actos de tortura y violencia sexual y de género.
Según el documento, las fuerzas de seguridad estuvieron involucradas masivamente en violaciones de derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza para reprimir protestas. Las instituciones señaladas en el informe como responsables de estas violaciones incluyen a los servicios de inteligencia civil y militar, la Guardia Nacional y la Policía Nacional. Además, se destaca que las declaraciones de las autoridades después de las elecciones contribuyeron a generar un clima de hostilidad y violencia en el país.
El informe también señala que el Consejo Nacional Electoral incumplió medidas básicas de transparencia, la Asamblea Nacional aprobó leyes restrictivas del espacio cívico y democrático, y el sistema de justicia operó con falta de independencia. El perfil de las víctimas de la represión se amplió significativamente durante el periodo electoral, afectando no solo a líderes de la oposición sino también a ciudadanos comunes que expresaban su desacuerdo con el Gobierno.
Durante los 10 meses anteriores a las elecciones, al menos 48 personas fueron detenidas en relación con conspiraciones invocadas por el Gobierno, muchas en la llamada operación Brazalete Blanco. Durante la campaña electoral, hubo otras 121 detenciones por colaborar con la oposición, lo que sirvió como justificación para la represión selectiva de militares, políticos y activistas de la sociedad civil. Tras los resultados electorales, se desató una campaña de detenciones masivas e indiscriminadas sin precedentes.
La misión presidida por la jurista portuguesa Marta Valiñas destaca que el número de detenciones tras los resultados electorales fue comparativamente alto, solo comparable con las protestas de 2014, 2017 y 2019. Las detenciones afectaron a miles de personas y se llevaron a cabo de manera masiva. Estos abusos y violaciones de derechos humanos durante el proceso electoral y posterior a las elecciones demuestran la gravedad de la situación en Venezuela y la urgencia de abordar la crisis humanitaria en el país.
