La migración de personas en busca de una mejor calidad de vida se ha triplicado en América Latina y el Caribe en el último año, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En México, la migración irregular aumentó un 62% en los primeros ocho meses del año 2023 en comparación con el mismo período de 2022, y esta tendencia se repite en otras regiones del continente.
El flujo de personas migrantes en tránsito por países de Centroamérica se ha multiplicado casi por tres entre 2022 y 2023, lo que ha llevado a un aumento de su estancia media en los países de acogida, ejerciendo una presión significativa sobre los sistemas de salud, educación y trabajo a nivel local. Ante esta situación, en la Cámara de Diputados de México se trabajó en la configuración de una agenda migratoria regional durante los días 16 y 17 de abril, con el objetivo de revisar de forma regular temas relacionados con la migración y los derechos humanos, la cooperación internacional y el desarrollo.
Durante la reunión, se identificaron desafíos y áreas de oportunidad en los países para la adopción de marcos legales regionales y la implementación de políticas públicas que respondan a las necesidades de las personas migrantes y sus familias. La directora de la Organización Internacional para las Migraciones en México, Dana Graber Ladek, resaltó la importancia de abordar de manera integral las problemáticas relacionadas con la migración, con el fin de garantizar la protección de los derechos humanos de las personas migrantes.
Es fundamental trabajar en conjunto para establecer mecanismos que permitan abordar de manera efectiva los desafíos que plantea la migración en la región. La cooperación internacional y el desarrollo jugarán un papel clave en la creación de políticas públicas que brinden soluciones sostenibles a la problemática migratoria. La agenda migratoria regional busca establecer lineamientos y estrategias para abordar de manera integral los retos presentes en la región y promover la protección de los derechos de las personas migrantes.
La situación migratoria en América Latina y el Caribe requiere una respuesta coordinada y eficaz por parte de los países de la región. La implementación de políticas públicas orientadas a atender las necesidades de las personas migrantes y sus familias es fundamental para garantizar su bienestar y proteger sus derechos humanos. La creación de marcos legales regionales y la cooperación internacional son aspectos esenciales para abordar de manera efectiva los desafíos planteados por la migración en la región.
