El Tribunal Superior Administrativo (TSA) ha dejado en estado de fallo el recurso de medida cautelar presentado por la Asociación de Importadores de Vehículos Usados (Asocivu) contra el decreto 420-23 que establece el Reglamento para el registro nacional de vehículos de motor y las licencias para los dealers y concesionarios. El presidente del TSA, Diomedes Villalona, presidió la audiencia con la presencia de varias entidades, incluyendo la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), la Procuraduría General de la República (PGR), la Procuraduría General Administrativa, Guía RD, Asociación de Concesionarios de Fabricantes de Vehículos (Acofave) y Asocivu; sin embargo, no se presentó el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) durante la audiencia.
A partir del lunes 10 de junio de 2024, las partes involucradas tienen cinco días comunes para presentar sus argumentos finales por escrito. Una vez transcurrido ese plazo, el proceso queda en estado de fallo con respecto al recurso presentado por la Asociación de Importadores de Vehículos Usados contra el decreto 420-23. A mediados de abril, Asocivu presentó dos acciones judiciales contra el mencionado decreto que establece el Reglamento para el registro nacional de vehículos de motor y las licencias para los dealers y concesionarios.
La demanda de la entidad busca la suspensión provisional y la nulidad total del decreto 420-23 mediante una solicitud de adopción de medida cautelar y un recurso contencioso administrativo. El origen del conflicto se remonta a las observaciones y comentarios realizados por Asocivu, Anadive y Adeci contra el borrador del reglamento, que no fueron tenidos en cuenta por la DGII al publicar el decreto 420-23. Las asociaciones de importadores alegan que se agotaron todos los mecanismos de diálogo institucionales sin éxito, lo que llevó a la presentación de acciones judiciales en busca de certidumbre, equidad y justicia para el sector.
Según Asocivu, la DGII sorprendió al sector de vehículos usados al publicar el decreto 420-23, que incluye más del 50% de las observaciones realizadas durante el proceso de consulta del borrador. Entre las prohibiciones y disposiciones contenidas en el decreto, se mencionan restricciones a la importación de vehículos japoneses, coreanos y rebuilt de EEUU, así como la discrecionalidad de la DGII para emitir nuevos requisitos en cualquier momento. La entidad también señala que se han violado principios como seguridad jurídica, confianza legítima e igualdad ante la ley en un Estado Social y Democrático de Derecho como la República Dominicana.
Asocivu y otras asociaciones de importadores sostuvieron múltiples reuniones con las autoridades competentes, incluyendo el presidente de la República, en un intento por modificar el contenido del decreto que consideran perjudicial para el sector. Ante la falta de avances en las negociaciones, se procedió a presentar las acciones judiciales correspondientes en busca de proteger los derechos de los importadores de vehículos usados. Se espera que el proceso judicial permita garantizar la equidad y justicia para el sector, respetando los principios fundamentales de un Estado de Derecho en la República Dominicana.
