La Junta Central Electoral (JCE) ha prohibido la realización de encuestas a boca de urna durante la celebración de las elecciones, lo cual ha generado controversia en diversos sectores. El Partido Revolucionario Moderno (PRM) ha rechazado esta medida, argumentando que es ilegal y va en contra de la ley electoral. Sin embargo, la normativa establece que las encuestas a boca de urna son legales siempre que se cumplan ciertos requisitos, como depositar los resultados en la JCE en sobres cerrados y sellados, y no divulgar los resultados hasta tres horas después del cierre de las votaciones. Además, las encuestas deben realizarse de manera que no se viole el secreto del voto.
Durante las elecciones municipales pasadas, la JCE también prohibió la divulgación de resultados de encuestas a boca de urna, argumentando que ninguna encuestadora había solicitado la habilitación correspondiente. El presidente del pleno de la JCE, Román Jáquez Liranzo, explicó que prefirieron prohibir estas encuestas para garantizar la integridad del proceso electoral. En esta ocasión, la JCE rechazó la solicitud de la empresa encuestadora Datincorp, SRL para realizar encuestas a boca de urna durante las elecciones municipales, siendo la única solicitud recibida para ese proceso.
La polémica en torno a las encuestas a boca de urna ha generado debate en la opinión pública y entre los diferentes actores políticos. Mientras que algunos sectores cuestionan la decisión de la JCE y la consideran una limitación a la libertad de expresión y de información, otros respaldan la medida y la consideran necesaria para proteger la integridad del proceso electoral. Es importante destacar que las encuestas a boca de urna tienen una regulación especial para garantizar la transparencia y la confiabilidad de los resultados.
La Ley Orgánica de Régimen Electoral establece claramente los requisitos y restricciones para la realización de encuestas a boca de urna en República Dominicana. Las encuestadoras deben estar debidamente certificadas por la JCE, depositar los resultados en sobres cerrados y sellados, y no divulgar los resultados hasta tres horas después del cierre de las votaciones. Además, las encuestas no deben vulnerar el secreto del voto. Estas disposiciones buscan asegurar la transparencia y la legitimidad del proceso electoral.
En medio de la polémica, es fundamental que las autoridades electorales y los actores políticos respeten y cumplan con la legislación vigente en materia de encuestas a boca de urna. Es necesario garantizar que se respeten los derechos de los ciudadanos a recibir información veraz y oportuna sobre el proceso electoral, al mismo tiempo que se proteja la integridad de las elecciones. El debate sobre la legitimidad y la regulación de las encuestas a boca de urna es fundamental para fortalecer la democracia y promover la transparencia en el sistema electoral.
