El movimiento cívico Participación Ciudadana (PC) y expertos en derecho constitucional han expresado su preocupación ante la nueva Ley 1-24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), calificándola como inconstitucional debido a su potencial impacto en los derechos fundamentales de los ciudadanos. PC considera que los agentes de la DNI no tienen la autoridad constitucional para exigir información de personas físicas o jurídicas sin primero obtener la autorización de un juez a través del Ministerio Público.
Los expertos Francisco Franco, Francisco Álvarez y Ricardo Rojas León han coincidido en que la legislación debe ser modificada ya que vulnera los derechos ciudadanos consagrados en la Constitución de la República. En un documento público, Participación Ciudadana ha establecido que la DNI no puede obligar la entrega de información sin una orden judicial, ya que esto violaría el derecho a la intimidad de las personas. La organización ha instado a que la ley sea reformada de inmediato para incluir la obligación de obtener autorización judicial para la entrega de información.
En un panel organizado por la Universidad Pontificia Católica Madre y Maestra (Pucmm) sobre la ley de la DNI, el abogado constitucionalista Francisco Franco mencionó que la normativa presenta falencias al vulnerar derechos fundamentales y no establecer un régimen de sanciones claras. Asimismo, no obliga a la DNI a preservar la información recabada, lo que podría permitir su uso para un propósito específico y luego ser destruida. Otro experto, Francisco Álvarez, señaló que la DNI está usurpando funciones propias del Ministerio Público, por lo que considera urgente una modificación que no dependa del Tribunal Constitucional.
Por otro lado, Rojas León expresó que una posible sentencia aditiva por parte del Tribunal Constitucional no sería suficiente para corregir las deficiencias de la ley, ya que existen aspectos que solamente el Congreso puede subsanar, como la creación de un comité nacional de seguridad. El panel, moderado por Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, también contó con la participación de la periodista Edith Febles, quien hizo un recuento del proceso de aprobación de la ley en el Congreso Nacional.
En resumen, la nueva Ley 1-24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia ha generado preocupación entre el movimiento cívico Participación Ciudadana y expertos en derecho constitucional debido a su posible impacto en los derechos fundamentales de los ciudadanos. PC ha destacado la necesidad de reformar la ley para garantizar que la DNI no pueda exigir información sin autorización judicial, respetando así el derecho a la intimidad de las personas. Los expertos también han señalado que la legislación presenta falencias y no establece un régimen claro de sanciones, por lo que consideran urgente su modificación para proteger los derechos ciudadanos consagrados en la Constitución.
