La presidenta del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional ha ordenado el retiro del grillete electrónico y la prisión domiciliaria para Juan Carlos Torres Robiou, exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), acusado de corrupción en el caso Coral. En su lugar, se impuso impedimento de salida del país y una garantía económica de 3 millones de pesos a través de una aseguradora. La jueza consideró que la privación de libertad de Torres Robiou durante casi tres años era irrazonable. Este caso también involucra a otros acusados, incluidos el exjefe y subjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial, un coronel de la Policía, una exasimilada y su hijo, un general de brigada del Ejército, un capitán de la Armada y un coronel de la Fuerza Aérea.
Este caso de corrupción en el que se acusa a Juan Carlos Torres Robiou y a otros de estafar al Estado con más de 4,500 millones de pesos se conoce como el caso Coral. El Ministerio Público ha presentado testigos en el juicio, y ha habido críticas hacia la lentitud y permisividad en casos de corrupción en República Dominicana. La jueza que lleva el caso consideró que era injusto mantener a Torres Robiou en prisión durante tanto tiempo y optó por cambiar su situación legal. Además de la garantía económica, se le impuso impedimento de salida del país, demostrando que la justicia está tomando medidas en los casos de corrupción.
Juan Carlos Torres Robiou es uno de los principales acusados en el caso Coral, donde se le acusa de corrupción administrativa junto a otros funcionarios públicos. La decisión de retirar su grillete electrónico y la prisión domiciliaria ha sido vista como un paso importante en este proceso legal que ha estado en curso durante varios años. La garantía económica impuesta a través de una aseguradora demuestra que la justicia está buscando medidas efectivas para garantizar que los acusados respondan por sus actos.
Además de Juan Carlos Torres Robiou, otros acusados en el caso Coral incluyen al exjefe y subjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial, un coronel de la Policía, una exasimilada y su hijo, un general de brigada del Ejército, un capitán de la Armada y un coronel de la Fuerza Aérea. El Ministerio Público ha estado llevando a cabo el juicio con la presentación de testigos, mientras que organizaciones como Participación Ciudadana han denunciado la lentitud y permisividad en casos de corrupción en el país. La decisión de la jueza de cambiar la situación legal de Torres Robiou podría ser un precedente importante en la lucha contra la corrupción en República Dominicana.
El caso Coral ha sido uno de los casos de corrupción más prominentes en República Dominicana, donde se acusa a funcionarios públicos de estafar al Estado con una cantidad considerable de dinero. La decisión de la jueza de retirar el grillete electrónico y la prisión domiciliaria a Juan Carlos Torres Robiou y de imponer una garantía económica y impedimento de salida del país muestra un cambio en la forma en que se están abordando los casos de corrupción en el país. Con la presentación de testigos por parte del Ministerio Público y la presión de organizaciones como Participación Ciudadana, se espera que la justicia actúe de manera firme contra la corrupción y asegure que los responsables rindan cuentas por sus acciones.
