La Junta Central Electoral (JCE) ha decidido sustituir a 1,209 funcionarios de colegios electorales en todo el país, en respuesta a una solicitud de los principales partidos de oposición. Esta decisión afectó a 755 colegios electorales a nivel nacional, sustituyendo a 640 presidentes y 569 secretarios electorales. Los partidos políticos acreditados ante la JCE fueron notificados acerca de esta resolución, la cual fue difundida públicamente. Los más de 83 mil funcionarios de colegios electorales ya han sido informados y notificados sobre su designación, cumpliendo así el calendario electoral. Cada persona seleccionada para sustituir a los excluidos forma parte del banco de elegibles de las Juntas Electorales y ya han sido debidamente formadas.
El delegado suplente del Partido Fuerza del Pueblo ante la JCE celebró la exclusión de los funcionarios de colegios electorales y afirmó que esto evidencia que la oposición tenía razón en señalar que estos actores no cumplieron adecuadamente con su trabajo en las elecciones municipales. Señaló que los nuevos funcionarios seleccionados provienen del banco de elegibles y han sido capacitados para desempeñar sus funciones de manera correcta. Por otro lado, lamentó que el director de la Policía Militar Electoral no haya sido sustituido. Por su parte, el delegado político del PLD mencionó que los funcionarios denunciados llenaron actas con irregularidades durante las elecciones municipales, poniendo a votar a más electores en ciertas categorías.
El Tribunal Superior Electoral (TSE) anunció que habilitará los días sábados y domingos para conocer casos de impugnación derivados de las elecciones presidenciales, senatoriales y de diputados que se celebrarán el 19 de mayo. Los expedientes serán ventilados en cámara de consejo o en audiencia pública, según sea necesario. La corte dispuso que los expedientes generados a partir de las elecciones de mayo sean conocidos en cámara de consejo, respetando el debido proceso y el derecho de defensa. Además, se destaca que más de 190 personas se han constituido formalmente como querellantes en un caso de corrupción manejado por el Ministerio Público, entre ellos empresarios que denunciaron falsificación de firmas para cometer actos de corrupción.
