El partido Fuerza del Pueblo (FP) rechazó la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que declaró conforme a la Constitución el Acuerdo entre la República Dominicana y el Reino de los Países Bajos sobre legitimación marítima. Según la denuncia de la Secretaría de Asuntos Internacionales de la FP, el convenio firmado por el canciller Roberto Álvarez cedió una parte importante de las aguas territoriales de la República Dominicana frente a su costa sur en el mar Caribe a favor de las islas Aruba, Curazao y Bonaire, pertenecientes al Reino de los Países Bajos y ubicadas al norte de Venezuela. Manolo Pichardo, coordinador de la FP, respaldó los argumentos de los jueces del TC que rechazaron el acuerdo al no reconocer la Ley número 66-07, que declara a la República Dominicana como estado archipelágico y define una Zona Económica Exclusiva que se extiende hasta las 200 millas náuticas. Los firmantes del acuerdo se basaron en el principio de equidistancia en lugar del principio de equidad al marcar un punto medio en el mar tomando en cuenta las líneas de costa de los territorios dominicanos y neerlandeses.
La sentencia del TC fue aprobada con siete votos a favor, cuatro votos disidentes y dos salvados. Los jueces disidentes, como Domingo Gil y José Alejandro Vargas Guerrero, señalaron que el acuerdo desconocía la condición de estado archipelágico de la República Dominicana, establecida por la Ley número 66-07, y que beneficiaba a Países Bajos en la explotación de recursos minerales en el fondo marino. También se cuestionó la omisión de la calidad de estado archipelágico en el tratado, así como la posible vulneración de la soberanía dominicana en disputas territoriales futuras si el Congreso Nacional aprueba el acuerdo. La FP expresó desconfianza en el criterio de los magistrados del TC, principalmente en los recién nombrados durante la administración de Luis Abinader.
El magistrado Gil señaló que el acuerdo podía favorecer a Países Bajos en la explotación de recursos minerales en el fondo marino, especialmente los hidrocarburos, ante una eventual incapacidad tecnológica de República Dominicana frente a Países Bajos, una potencia en este aspecto. El acuerdo establece que en caso de una estructura que contenga petróleo o gas natural se extienda a través de la línea fronteriza, las partes deberán buscar un acuerdo sobre la forma de explotar dicha estructura. Fuerza del Pueblo afirmó que el acuerdo es lesivo a la soberanía de República Dominicana y viola la Constitución al ignorar la Ley 66-07, que reconoce al país como un estado archipelágico con más de 150 islas menores y cayos en su territorio marítimo.
El TC basó su decisión en el principio de equidistancia, utilizado en acuerdos anteriores con Colombia y Venezuela en los años 70, cuando aún no existía un marco legal que regulase estos asuntos. Sin embargo, la FP considera que este acuerdo es perjudicial para la soberanía dominicana y viola la Ley 66-07 al no reconocer la condición de estado archipelágico del país. El partido advirtió que si el Congreso Nacional aprueba el acuerdo tal como está, se sentará un precedente peligroso para la soberanía dominicana en disputas territoriales futuras. La discusión sobre este acuerdo y su impacto en la soberanía y los recursos marinos de la República Dominicana continúa, generando preocupación y desconfianza en sectores políticos y la sociedad en general.
