Varios dirigentes del partido Fuerza del Pueblo condenaron las declaraciones de Amnistía Internacional al calificar como "racistas" las políticas del gobierno dominicano contra la migración irregular haitiana. José Miguel Soto Jiménez, exsecretario de Estado de las Fuerzas Armadas, expresó que las autoridades deben seguir trabajando para controlar este problema. Consideró que es una falta de respeto a la soberanía de la República Dominicana la posición del organismo internacional.
Amnistía Internacional respondió a la vicepresidenta Raquel Peña, quien negó la existencia de políticas migratorias racistas en el país. La organización lamentó que la respuesta de la vicepresidencia haya sido simplemente negar la evidencia. Argumentaron que el Estado tiene responsabilidad por los hechos documentados con testimonios, estadísticas e imágenes. La resistencia al escrutinio público no solo afecta la confianza en el Gobierno, sino también perjudica a las personas que deben ser respetadas y protegidas por el Estado.
El secretario de Relaciones Internacionales de Fuerza del Pueblo, Manolo Pichardo, consideró injustos los señalamientos de Amnistía Internacional. Destacó la hospitalidad de los dominicanos hacia los haitianos y mencionó que aproximadamente el 40% de los partos en hospitales públicos son de mujeres haitianas. Pichardo instó a la comunidad internacional a informarse correctamente sobre la situación en el país antes de expresar opiniones. Además, señaló que miles de niños dominicanos no pudieron ser admitidos en escuelas debido a la ocupación de plazas por niños haitianos.
Pichardo también mencionó que Amnistía Internacional debería actuar con la misma energía al condenar la violencia en la Franja de Gaza, donde 45 mil personas han sido asesinadas en aparentes actos de limpieza étnica. Consideró importante que la organización conozca las cifras y datos reales antes de emitir juicios sobre República Dominicana. Asimismo, criticó que cerca de 5 mil niños dominicanos no pudieron acceder a la educación debido a la ocupación de plazas en las escuelas por parte de niños haitianos.
En medio de estas tensiones, el expresidente del Parlamento Centroamericano instó a Amnistía Internacional a reflexionar sobre su actuar y su enfoque en relación a República Dominicana. Cuestionó la autoridad que la organización asume para marcar pautas al país y enfatizó la importancia de actuar con justicia y equidad hacia todas las naciones. La situación evidencia la complejidad de las relaciones internacionales y las diferentes posturas respecto a las políticas migratorias y los derechos humanos en la región.
