El Ministerio Público de Venezuela citó por segunda vez al candidato presidencial de la principal coalición opositora, Edmundo González Urrutia, en el marco de una investigación en su contra relacionada con la publicación y mantenimiento de una página web en la que el antichavismo asegura haber cargado el 83,5% de las actas electorales para sustentar su denuncia de fraude en las presidenciales del 28 de julio. La Plataforma Unitaria Democrática divulgó estas actas, que el Gobierno considera falsas, luego de que el Consejo Nacional Electoral proclamara a Nicolás Maduro como ganador de los comicios, lo que ha sido cuestionado por varios países.
La Fiscalía ha citado a González Urrutia por presunta usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de las leyes, delitos informáticos, asociación para delinquir y conspiración, delitos que podrían acarrear hasta 16 años de prisión. El candidato ha expresado su descontento con el proceso, acusando al fiscal general Tarek William Saab de actuar como un acusador político y de impulsar una citación sin garantías de independencia y debido proceso. González Urrutia instó a Maduro a buscar una solución a la crisis electoral a través de una verificación internacional de las actas, en lugar de recurrir a la represión.
Mientras el Gobierno y la Fiscalía continúan negando la veracidad de las actas divulgadas por la oposición, diversas organizaciones, como el Centro Carter, respaldan su autenticidad. El Centro Carter participó como veedor en las elecciones venezolanas, invitado por el CNE. La disputa electoral en Venezuela ha generado tensiones tanto a nivel nacional como internacional, con numerosos países cuestionando la legitimidad de la reelección de Maduro y respaldando la denuncia de fraude presentada por la oposición.
A pesar de las críticas y cuestionamientos, el Gobierno venezolano ha mantenido su postura de que las elecciones fueron legítimas y que Maduro fue reelegido de manera democrática. La crisis política en Venezuela se ha profundizado con el aumento de la represión y las medidas en contra de la oposición, lo que ha generado preocupación en la comunidad internacional. La citación de González Urrutia por parte del Ministerio Público forma parte de los esfuerzos del Gobierno por sofocar la oposición y mantener su control sobre el poder político en el país.
La oposición, por su parte, sigue desafiando al Gobierno y denunciando las irregularidades en las elecciones, en un intento por restablecer la democracia y la transparencia en el sistema electoral venezolano. La situación política en Venezuela sigue siendo volátil y con consecuencias significativas para la estabilidad del país y la región en su conjunto. La presión internacional sobre el Gobierno de Maduro continúa en aumento, con llamados a respetar los derechos humanos y garantizar la libertad de expresión y participación política en Venezuela.
