El Ministerio Público de Guatemala lanzó un nuevo ataque contra el Gobierno de Bernardo Arévalo de León, acusándolo de corrupción en el Ministerio de Comunicaciones y pidiendo la remoción de su inmunidad. El caso se originó a raíz del despido de la ministra de Comunicaciones en mayo, Jazmín de la Vega, por emitir pagos a empresas constructoras sin autorización. La decisión de Arévalo de León fue considerada arbitraria e ilegal, provocando la petición de remoción de su inmunidad por parte del Ministerio Público, liderado por funcionarios sancionados por corrupción.
El fiscal Rafael Curruchiche, el secretario general del Ministerio Público Ángel Pineda y la fiscal general Consuelo Porras Argueta han emprendido una persecución judicial en contra de Arévalo de León desde el triunfo electoral del presidente en 2023. El mandatario ha denunciado un intento de golpe de Estado en su contra para evitar que tomara posesión en enero de 2024. La bancada oficial, el Movimiento Semilla, ha replicado en contra del Ministerio Público y del nuevo caso, considerando la acusación como una estrategia para derribar a la agrupación política que llevó a Arévalo de León a la presidencia.
Los líderes del Movimiento Semilla, como el diputado Samuel Pérez Álvarez y la diputada Andrea Reyes Zeceña, han calificado al fiscal Curruchiche como un incompetente desesperado y han criticado la acusación armada con tuits y conjeturas ridículas. Consideran que la acusación es una vergüenza para un pueblo que busca justicia y mencionan que aún existen más de 100 denuncias en contra de gobiernos anteriores que no han sido investigadas. La persecución judicial en contra del Movimiento Semilla y de Arévalo de León se ha intensificado con varios casos en su contra luego de haber ganado las elecciones presidenciales con un discurso anticorrupción.
El Movimiento Semilla nació de las manifestaciones en contra de la corrupción del Gobierno de Otto Pérez Molina en 2015 y se ha mantenido como una fuerza política con una postura contraria a la corrupción. Las acusaciones de corrupción en contra de Arévalo de León se suman a una serie de conflictos políticos y judiciales que han marcado su mandato desde las elecciones. La solicitud de remoción de su inmunidad por parte del Ministerio Público es parte de un conflicto continuo entre el Gobierno y algunos sectores de la fiscalía y la justicia en Guatemala.
La situación política en Guatemala se ve marcada por las acusaciones de corrupción contra el Gobierno de Arévalo de León y la respuesta del Movimiento Semilla a través de sus líderes legislativos. La división entre el Ejecutivo y el Ministerio Público, así como las críticas a la actuación de la fiscalía por parte de la bancada oficial reflejan un clima de confrontación política en el país. La lucha contra la corrupción y la transparencia en la gestión pública siguen siendo temas centrales en la agenda política guatemalteca, con implicaciones significativas en la estabilidad del Gobierno y en la percepción de la justicia en el país.