En el ejercicio fiscal del 2024, si se cumplieran todas las leyes que asignan fondos con cargo al Presupuesto General del Estado, se debería destinar aproximadamente 898,537.7 millones de pesos, lo que equivale al 12.1 % del producto interno bruto (PIB). Sin embargo, la asignación actual es solo la mitad de ese monto, lo que demuestra lo poco realistas que son estas leyes para las finanzas públicas. Este dinero equivaldría a una gran parte de los gastos del Gobierno Central y de los ingresos totales, según el economista Nelson Suárez, exsubdirector de la Digepres.
Existen 29 leyes que condicionan el uso de fondos públicos, según la Digepres, y cuatro de ellas concentran el 65.8 % del total de los fondos asignados. Estas leyes asignan el 4 % del PIB para la educación preuniversitaria, el 10 % para los ayuntamientos, el 1.2 % del PIB para el Banco Central, y fondos para imprevistos y calamidades de la Presidencia. Solo estas partidas suman 591,321.1 millones de pesos. Estas leyes de asignación de fondos se originaron a partir de reformas introducidas después de la dictadura trujillista en 1962, y han sido ampliadas y modificadas a lo largo de los años.
Las leyes que asignan partidas específicas del Presupuesto General del Estado han sido objeto de críticas por no ajustarse a la realidad financiera del gobierno. Se ha calificado esta práctica como un "populismo legislativo", ya que muchas de estas leyes no se cumplen y afectan la planificación y presupuestación pública. El incumplimiento de estas disposiciones ha sido constante en la administración central, lo que ha llevado a un desajuste en las finanzas públicas y a la suspensión de asignaciones fijadas por ley.
El titular de la Dirección General de Presupuesto, José Rijo Presbot, ha criticado estas leyes por no ser realistas y por no tener en cuenta la planificación financiera del gobierno. Se ha señalado la necesidad de revisar y modificar estas leyes para contar con una mayor flexibilidad en la gestión del presupuesto. Se ha destacado que, a excepción del 4 % del PIB asignado a la educación preuniversitaria, la mayoría de estas leyes no se cumplen en el país.
Nelson Suárez coincide en la necesidad de revisar y modificar estas leyes de preasignación de fondos para evitar la rigidez del presupuesto nacional. A pesar de las recomendaciones para reducir la cantidad de fondos con destinos específicos, se destaca que solo el 4 % del PIB asignado a la educación preuniversitaria se ha cumplido desde el 2013. Se considera que ningún gobierno en los últimos siete años ha tenido la determinación de ordenar seriamente las finanzas públicas a través de la revisión de estas leyes de asignación de fondos.
