El Ministro de Educación, Ángel Hernández, criticó la decisión del Tribunal Superior Administrativo (TSA) de ordenar la enseñanza de la Constitución, el medio ambiente y educación vial en las escuelas, afirmando que los jueces desconocen el contenido del currículo educativo. Hernández mencionó que las muertes en accidentes de tránsito y la deforestación son consecuencia de la falta de aplicación de las leyes existentes, destacando que la escuela dominicana enseña a preservar los bosques y a respetar las normas de tránsito.
El ministro de Educación enfatizó que si un conductor viola una norma de tránsito o un individuo corta un árbol ilegalmente, la ley debe ser aplicada sin excepciones. Señaló que la mayoría de los accidentes de tránsito involucran a motoristas, quienes circulan sin respetar las leyes de tránsito vigentes, lo que a su juicio refleja la falta de control por parte de las autoridades competentes. Hernández insistió en que el problema no radica en la enseñanza curricular, sino en el cumplimiento de las leyes de tránsito y medio ambiente.
En cuanto a la enseñanza de la Constitución, Hernández mencionó que las instituciones educativas del país inculcan a los estudiantes los valores que constituyen su nacionalidad, historia, cultura, sistema de gobierno, deberes y derechos, así como el respeto a las leyes y autoridades. El ministro resaltó que los contenidos curriculares se organizan tanto como asignaturas específicas como ejes transversales, los cuales se imparten de manera integral a través de los distintos ciclos educativos.
Las declaraciones de Hernández surgieron a raíz de la sentencia emitida por la Quinta Sala del TSA, que ordenó al Ministerio de Educación garantizar la enseñanza de la Constitución, el medio ambiente y la educación vial en las escuelas públicas y privadas del país. La decisión del tribunal se dio tras una acción de amparo de cumplimiento presentada por el presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, Trajano Vidal Potentini, quien la consideró crucial para la institucionalidad democrática en el país.
La sentencia también encomendó al colegio de abogados gestionar aspectos relacionados con la educación vial ante el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y la Procuraduría General de la República, así como dar seguimiento para asegurar el cumplimiento de la orden judicial. Esta decisión se basa en el mandato constitucional que establece la obligatoriedad de la instrucción en la formación social y cívica, enseñanza de la Constitución, derechos fundamentales y valores patrios en todas las instituciones educativas del país.
