La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) de Santo Domingo informó la suspensión de 264 registros de proveedores del Estado que pertenecen a funcionarios municipales, incluyendo alcaldes y regidores que asumieron sus cargos el pasado 24 de abril. República Dominicana cuenta con 158 alcaldes, 1,164 regidores, 235 directores, 735 vocales, 158 vicealcaldes, 1,164 suplentes y 235 subdirectores. Según la Ley 340-06 de Contrataciones Públicas, las autoridades municipales no pueden ser proveedores del Estado ni contratar con el gobierno para suministrar bienes, obras o servicios a instituciones gubernamentales.
La DGCP también instó a los funcionarios congresuales que serán juramentados el 16 de agosto, y que estén registrados como proveedores del Estado de forma directa o indirecta, a suspender voluntariamente sus registros, de lo contrario la entidad procederá a suspenderlos. El director de la DGCP señaló que por primera vez en la historia de la institución se han suspendido alrededor de 500 registros de proveedores del Estado que pertenecen a diputados, senadores, alcaldes, directores distritales, regidores y vocales en todo el país. También se han inhabilitado a 100 proveedores por presentar documentación falsa en procesos de licitación.
La institución ha implementado un programa de "Práctica de la debida diligencia" que permite detectar riesgos reputacionales y conflictos de intereses, contribuyendo a velar por la integridad de los procesos. Se destaca la instalación del programa de cumplimiento en el sistema de contrataciones en 17 instituciones y dos fideicomisos. Además, se ha resaltado el nivel de coordinación, intercambio y colaboración entre los órganos judiciales encargados de la prevención, control e investigación de la corrupción en conjunto con la DGCP.
La DGCP ha trabajado arduamente para generar confianza y transparencia en los procesos de contratación pública, suspendiendo registros de proveedores que incumplen con las normativas establecidas. La suspensión de proveedores vinculados a funcionarios electos y la inhabilitación de aquellos que presentan documentación falsa en licitaciones son acciones que buscan prevenir la corrupción y garantizar la integridad de las transacciones con el Estado. Se destaca la colaboración entre diversos órganos gubernamentales en este proceso.
En general, la DGCP se ha esforzado por promover la transparencia y participación en las contrataciones públicas, implementando medidas que permitan identificar y sancionar a aquellos proveedores que no cumplen con las normativas vigentes. La lucha contra la corrupción en el ámbito de las contrataciones públicas es fundamental para garantizar un uso eficiente de los recursos del Estado y fomentar la confianza en las instituciones gubernamentales. La instalación de programas de cumplimiento y la debida diligencia son herramientas clave en este proceso de fortalecimiento de la integridad en la administración pública en Santo Domingo y en toda la República Dominicana.
