El Tribunal de Distrito Federal del Sur de Florida ha rechazado las demandas de la empresa de mensajería internacional MiaCargo contra el Instituto Postal Dominicano (Inposdom) en una demanda que data de 2022. La decisión fue anunciada por la Oficina de Consultoría Legal del Poder Ejecutivo el 28 de marzo de 2024. Según el informe, el tribunal respaldó los argumentos de la defensa, lo que llevó al rechazo de la demanda de MiaCargo, presentada el 14 de junio de 2022, en busca de $10 millones por presunta violación de un contrato de exclusividad. El consultor legal del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero, confirmó la información, destacando los esfuerzos colaborativos con el equipo de defensa de Inposdom, que incluyó representación de Raúl B. Mañón y José Ricardo Feris de la firma de abogados internacional Squire Patton Boggs, junto con su Departamento Legal.

Tras casi dos años de procedimientos legales, el tribunal federal se puso del lado de la defensa dominicana, rechazando la validez del presunto contrato entre MiaCargo e Inposdom. Se declaró que el exdirector de Inposdom, Adán Peguero, había excedido su autoridad al firmar el contrato sin la autorización adecuada. Inposdom había suspendido previamente sus relaciones contractuales con MiaCargo a fines de 2021, citando varias razones detalladas en la resolución no. 001-11-021. La decisión del tribunal desestimó todas las reclamaciones hechas por MiaCargo, destacando el compromiso con la legalidad y la transparencia dentro del Estado Dominicano.

En el marco de la Rendición de Cuentas 2023 realizada por la Contraloría General de la República, se destacaron fortalezas y debilidades en la gestión y manejo de fondos públicos en diferentes entidades estatales. El informe reveló la necesidad de mejorar la transparencia y el control en varias instituciones, así como fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas para garantizar el buen uso de los recursos públicos.
Además, se resaltó la importancia de fortalecer la integridad institucional y promover una cultura de ética y transparencia en todas las instancias gubernamentales, con el objetivo de prevenir la corrupción y garantizar la eficiencia en la gestión de los recursos públicos. Asimismo, se hizo hincapié en la responsabilidad de los funcionarios públicos de actuar con honestidad y cumplir con sus obligaciones de manera imparcial y objetiva.

Desde el Poder Ejecutivo se hizo hincapié en la colaboración y coordinación interinstitucional como elementos clave para mejorar la gestión gubernamental y fortalecer la administración pública. Se destacó la importancia de implementar medidas efectivas para prevenir y combatir la corrupción, así como promover una cultura de transparencia y acceso a la información pública en todas las entidades estatales.

Se enfatizó la importancia de promover la participación ciudadana y la rendición de cuentas como mecanismos fundamentales para fortalecer la democracia y garantizar la protección de los derechos de los ciudadanos. Asimismo, se subrayó la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y supervisión para garantizar la legalidad y eficiencia en el uso de los recursos públicos. En este sentido, se destacó la importancia de promover una gestión pública basada en principios de transparencia, integridad y rendición de cuentas para garantizar el buen uso de los recursos públicos y el cumplimiento de los objetivos institucionales.

En el marco de la lucha contra la corrupción y la impunidad, se hizo hincapié en la importancia de fortalecer las instituciones de control y supervisión, así como promover una cultura de legalidad y transparencia en todas las esferas de gobierno. Se resaltó la necesidad de impulsar reformas legales y administrativas que promuevan la transparencia y la rendición de cuentas, así como fortalecer los mecanismos de control interno y externo para prevenir y combatir la corrupción en todas sus formas. En este sentido, se enfatizó la importancia de promover una cultura de ética y legalidad en todas las instancias gubernamentales para garantizar la integridad y eficiencia en la gestión de los recursos públicos.

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