La Casa del Conductor CMA ofrece servicios de gestión integral de accidentes, desde los trámites policiales hasta la coordinación con la aseguradora. Este negocio privado, promovido por el Estado, se rige por la Ley 63-17 de República Dominicana, que establece las normas para su funcionamiento y cuenta con acuerdos con entidades estatales para operar en el país. Se define como un centro de retención regulado por la Dirección de Prisiones de la Procuraduría General de la República, disponible solo para aquellos que paguen una póliza directamente o a través de una aseguradora de vehículos.
El costo de afiliación a la Casa del Conductor es de 2,000 pesos al año, a cambio de servicios como trámites policiales, asistencia médica, alojamiento, alimentación, y más. Además, garantizan que si alguien es detenido por un accidente de tránsito, será trasladado a sus instalaciones donde recibirán hospedaje en habitación privada con baño, comida y otros servicios como en un hotel. La empresa asegura que, al estar afiliado a su red, no se pasará ninguna noche en un destacamento o cárcel nacional en caso de detención por un accidente de tránsito.
La Casa del Conductor obtiene su autoridad para trasladar a detenidos a sus instalaciones a través de acuerdos con la Procuraduría y la Dirección de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, así como del decreto 726-01 emitido por el expresidente Hipólito Mejía en 2001. Este decreto establece la creación de instituciones especiales para la reclusión por accidentes de tránsito involuntarios, con el fin de reducir el costo económico para el Estado de retener a personas en destacamentos mientras se define su situación.
La Casa del Conductor fue inaugurada en 2002 con participación estatal y privada, con el objetivo de ofrecer un servicio público que respete la dignidad humana. A lo largo de los años, ha renovado acuerdos con entidades estatales para continuar operando y brindando servicios de reclusión a personas acusadas de violar las leyes de tránsito. También se estableció otra empresa similar en 2014, el Centro de Asistencia al Automovilista, creado por un grupo de aseguradoras.
La Ley 63-17 establece que los asegurados cuyas pólizas cubran los servicios provistos por las casas de conductores y las casas cárceles deben ser trasladados a estas instituciones. También fija requisitos y normas de funcionamiento para estas instituciones, incluyendo infraestructura adecuada, condiciones sanitarias, separación por géneros, alimentación adecuada, y tecnología para concientizar a los internos sobre las responsabilidades de la conducción de vehículos. En nombre del Estado, estas instituciones realizan acciones para concienciar sobre los riesgos de conducir.
