La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley en primera lectura para declarar como judicialmente fallecidas a las personas desaparecidas en la explosión de San Cristóbal en agosto del 2023. La diputada Ydenia Doñé, proponente del proyecto, argumentó que muchos familiares de los desaparecidos no han podido cobrar una pensión y otros aún no tienen paz por estar ocupados en trámites civiles. El diputado Eddy Montás enfatizó que la ley será una herramienta para resolver procesos civiles paralizados hasta que los desaparecidos sean declarados fallecidos.
El proyecto de ley establece que las personas desaparecidas en la explosión serán declaradas judicialmente fallecidas a través de una sentencia del Juzgado de Primera Instancia de la Cámara Civil y Comercial de San Cristóbal. Se considerarán como medios de prueba publicaciones, videos, audios, localización digital, conversaciones telefónicas, redes sociales, comunicación oficial, reconocimiento, pruebas testimoniales y referencias con credibilidad. Los desaparecidos podrán ser declarados fallecidos a petición de cualquier interesado o del Ministerio Público, sin costo ni proceso burocrático.
La ley busca establecer un procedimiento que permita declarar judicialmente fallecidos a los desaparecidos para evitar inconvenientes en trámites y regularizar los registros del estado civil correspondiente. Hace tres semanas, familiares de los desaparecidos solicitaron en la Cámara de Diputados el avance del proyecto para obtener paz y tranquilidad. En la explosión de San Cristóbal murieron 38 personas, y las investigaciones responsabilizan a la empresa Vidal Plast y sus propietarios.
En resumen, la aprobación del proyecto de ley en primera lectura permitirá declarar como judicialmente fallecidas a las personas desaparecidas en la explosión de San Cristóbal, agilizando trámites civiles y familiares. La ley establece que las personas desaparecidas serán declaradas fallecidas mediante una sentencia del Juzgado de Primera Instancia de la Cámara Civil y Comercial de San Cristóbal, considerando diversos medios de prueba. El objetivo es resolver procesos civiles paralizados y regularizar los registros del estado civil correspondiente, brindando paz y tranquilidad a los familiares de las víctimas de la explosión.
