El presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Julio Brache, expresó su preocupación por la presencia de clientes que no pagan por el servicio eléctrico en el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI). Brache instó a las nuevas autoridades a seguir trabajando para reducir estos actos, ya que considera que no es justo que toda la carga recaiga en aquellos que sí pagan. Calcula que si los clientes irregulares pagaran, se podría cubrir parte del déficit del sector eléctrico, lo que ayudaría a resolver problemas presupuestarios.
En relación a este tema, Brache mencionó que el presidente Luis Abinader se enfocará en crear estrategias para mejorar la cobranza y otros aspectos clave en el sector eléctrico. Asimismo, señaló un caso en el que a un cliente se le redujo su deuda hasta 190 millones de pesos, lo que considera inaceptable y perjudicial para el desarrollo económico del país. El empresario también destacó que el déficit de las empresas distribuidoras de electricidad se debe a los clientes morosos y a problemas en la transmisión de energía.
Por otro lado, el sector privado se encuentra trabajando en conjunto para alcanzar la meta propuesta por el presidente de duplicar el producto interno bruto (PIB) para el año 2036, a través de la estrategia de desarrollo Meta RD 2036. Brache aseguró que todas las reformas que el gobierno tiene previsto abordar en las próximas semanas están orientadas a lograr el pleno desarrollo del país. El proyecto Meta RD 2036 tiene como objetivo identificar las acciones necesarias para duplicar el PIB real del país para el año 2036, de acuerdo con la Estrategia Nacional de Desarrollo y la Estrategia Nacional de Competitividad.
El plan Meta RD 2036 es una iniciativa instituida mediante un decreto que busca superar los obstáculos que han frenado el desarrollo de la República Dominicana a lo largo de su historia. A través de reformas en infraestructuras, institucionalidad, innovación, estabilidad fiscal, salud y educación, se espera que el país logre las metas establecidas en materia de desarrollo y competitividad. Tanto el gobierno como el sector privado están comprometidos en trabajar juntos para alcanzar estas metas y crear un entorno propicio para el crecimiento económico sostenible.
