El presidente de Kenia, William Ruto, despidió a unos 400 agentes de policía en Nairobi antes de su inminente partida hacia Haití para liderar una misión multinacional autorizada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Ruto destacó la importancia de la presencia de los agentes kenianos en Haití para brindar alivio a las personas afectadas por la violencia de las bandas armadas, y se comprometió a trabajar con la comunidad internacional para lograr estabilidad duradera en el país caribeño.
Los agentes, que forman parte de un total de 1,000 policías ofrecidos por Kenia para encabezar la misión en Haití, han recibido entrenamiento en diferentes áreas, incluyendo idiomas. El despliegue de los agentes estaba previsto para las próximas horas, a pesar de las órdenes judiciales en Kenia que lo prohíben. Ruto había mantenido conversaciones con el Consejo Presidencial de Transición haitiano y el inspector general del Servicio Nacional de Policía de Kenia se había reunido con una delegación de la Policía haitiana en Nairobi.
A pesar de las trabas judiciales encontradas en las cortes kenianas, se espera que el compromiso de Ruto para liderar la misión multinacional se haga efectivo en pocas horas. El Tribunal Superior de Nairobi fijó una audiencia para el 7 de octubre en respuesta a un recurso presentado por un partido opositor keniano contra el despliegue de los agentes en Haití. El partido Thirdway Alliance había presentado anteriormente un recurso que temporalmente bloqueó el despliegue, mientras que la corte posteriormente prohibió la movilización.
El Consejo de Seguridad de la ONU autorizó en 2023 el envío de una misión de apoyo a la Policía Nacional de Haití para combatir la violencia de las bandas armadas, que causó 8,000 muertos en el país caribeño el año anterior. Según la ONU, estas organizaciones criminales controlan un 80% de la capital, Puerto Príncipe, y otras zonas del país. A pesar de los obstáculos judiciales, Kenia y Haití intentaron salvar el problema mediante un acuerdo bilateral firmado en Nairobi, aunque opositores argumentan que no es válido por no haber sido publicado ni firmado por un presidente democráticamente electo.
