Keire Vargas, a través de su abogado, emitió un comunicado en el que afirma que el excandidato presidencial Abel Martínez procreó un hijo con ella cuando era menor de edad. Vargas intentó que Martínez se realizará una prueba de ADN para determinar la relación biológica con el menor, pero al no obtener respuesta, decidió hacer público el caso a través de redes sociales. Aclaró que es una mujer casada con una relación de 12 años con su esposo en Estados Unidos.
El abogado de Vargas cuestiona por qué Martínez, a pesar de tener conocimiento desde el 2022 de la situación, aún no se ha realizado la prueba de ADN. Invita al político a actuar con responsabilidad y rectitud, realizando la prueba para esclarecer el tema. Respecto a la posibilidad de violación, el abogado menciona que deben ser establecidas y comprobadas ante las instancias legales correspondientes. Martínez ha manifestado su disponibilidad a someterse a una prueba de paternidad.
El abogado de Vargas pide a los medios de comunicación no participar en una campaña de linchamiento mediático contra su defendida y advierte que tomarán acciones legales en caso de continuar con esta situación. Por su parte, Keire Vargas expresa temor por su seguridad y la de su familia, debido a la influencia política y social de Abel Martínez. Solicita además no compartir imágenes del menor, para proteger sus derechos fundamentales y los de su familia.
El comunicado de Vargas deja en evidencia los supuestos hechos que involucran a Abel Martínez, instándolo a actuar con transparencia y realizar la prueba de ADN. La situación ha generado controversia en la opinión pública, con repercusiones en la esfera política y social del país. Es importante esperar el desarrollo de los procesos legales correspondientes para esclarecer la verdad en este caso.
En medio de este escándalo, se destaca la importancia de respetar los derechos y la privacidad de los involucrados, especialmente del menor de edad. Las redes sociales y los medios de comunicación deben ser responsables en la difusión de información que pueda afectar la integridad y el bienestar de las personas. Se espera que las autoridades competentes investiguen y resuelvan este caso de manera justa y equitativa para todas las partes implicadas. La verdad prevalecerá, y la justicia se encargará de determinar las responsabilidades civiles o penales que correspondan.
