La propuesta de reforma constitucional enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso ha generado dudas y debates entre juristas en relación con la independencia del Ministerio Público. Algunos abogados, como Francisco Álvarez, consideran que la idea de hacer inamovible al Procurador por solo dos años resta sentido a la modificación y podría afectar los casos complejos. Por otro lado, Nassef Perdomo opina que los procuradores no deberían ser inamovibles y que su remoción no debería afectar los casos que maneje el Ministerio Público.

El documento de reforma propone modificar el artículo 171 de la Constitución para establecer que el Presidente propondrá al Consejo Nacional de la Magistratura a la persona que ocupará el cargo de Procurador General de la República al inicio de su mandato. Además, se plantea que el Procurador tendrá inamovilidad por dos años, pudiendo ser confirmado por el CNM al final de este periodo. En caso de falta definitiva, el Procurador será sustituido por otra persona designada por el mismo mecanismo.

Algunos juristas consideran que limitar la inamovilidad del Procurador a dos años podría ser contraproducente, dado que los casos complejos pueden durar entre dos y cuatro años. Otros, como Perdomo, creen que la inamovilidad no garantiza que el Procurador actúe de manera independiente. Además, se plantean dudas sobre cómo afectaría esta propuesta a los adjuntos del Procurador y qué cambios se plantearían en la ley para adaptarse a este nuevo esquema de elección.

La propuesta de reforma también amplía los requisitos para ser Procurador General y busca eliminar su participación en el CNM. Asimismo, se plantea limitar la reelección presidencial a dos períodos, unificar las votaciones y reducir el número de diputados. El Senado aprobó el envío del proyecto a una comisión bicameral en la primera sesión de la nueva legislatura, con 23 votos a favor y tres en contra. La comisión estará compuesta por miembros del Senado y la Cámara de Diputados.

En resumen, la propuesta de reforma constitucional plantea cambios en la elección y funciones del Procurador General de la República, así como en otros aspectos de la Constitución. Las opiniones entre juristas están divididas respecto a la inamovilidad del Procurador, generando debates sobre la independencia del Ministerio Público. La propuesta ha sido enviada a una comisión bicameral para su discusión y análisis en el Congreso.

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