La propuesta de reforma laboral presentada por el gobierno ha generado desacuerdo entre los gremios empresariales, especialmente en el tema de la cesantía laboral. El presidente de la AIRD expresó que la falta de consenso en este aspecto afecta la competitividad industrial del país. Los empresarios proponen establecer topes y gradualidad para la cesantía, argumentando que es necesario adaptar las normativas laborales a las nuevas realidades del mercado global.
El presidente de la AIRD mencionó la importancia de facilitar la creación de nuevos empleos, especialmente para los jóvenes que enfrentan dificultades para ingresar al mercado laboral, a pesar de estar graduados. Los empresarios proponen modificar la cesantía, estableciendo un tope de tiempo de acumulación de este beneficio para los empleados de nuevo ingreso, mientras se mantiene el derecho acumulado para los trabajadores activos al momento de la modificación.
Los empresarios mostraron preocupación por la cantidad de reformas que se han presentado simultáneamente en el Congreso Nacional, considerando que es necesario un diálogo más profundo entre el Gobierno, los empresarios, los sindicatos y los sectores productivos. La reforma laboral y fiscal, según el líder empresarial, requieren una discusión amplia y detallada para lograr consenso y evitar posibles impactos negativos en la economía del país.
El gobierno ha presentado varias propuestas de reforma en diferentes áreas críticas de la economía dominicana en un corto período de tiempo, lo que ha generado críticas y preocupación en diversos sectores económicos y políticos. Entre las propuestas destacadas se encuentran la Reforma Constitucional, la eficientización y racionalización de la administración pública, la modernización y actualización del Código de Trabajo, el plan de reforma al sector eléctrico y la Modernización Fiscal.
Tanto los empresarios como los políticos de oposición han expresado su inquietud por la rapidez con la que el gobierno está llevando a cabo estas reformas, señalando que es necesario un mayor tiempo de estudio y diálogo para analizar los posibles impactos en el desarrollo económico, social y político del país. La preocupación radica en la necesidad de garantizar que estas reformas contribuyan al crecimiento sostenible y equitativo de la República Dominicana.
