El juez primer sustituto de la Corte de Apelación de San Cristóbal, Mateo Céspedes Martínez, denunció que un juez de la Corte a la que él pertenecía, la penal de San Juan de la Maguana, violó y embarazó a una niña de 10 años hija de una empleada doméstica que trabajaba en su residencia. Los hechos se habrían producido en 2009 y, a pesar de haber presentado la denuncia ante el Consejo del Poder Judicial el 29 de mayo, no se ha tomado ninguna acción al respecto debido a la supuesta relación de confianza entre el culpable y el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina.

Céspedes Martínez aseguró que su denuncia ha provocado una persecución en su contra por parte del juez Molina, quien estaría decidido a sacarlo del sistema judicial por haber denunciado al agresor. Aunque no reveló los nombres de los implicados, mencionó que existen expedientes en inspección judicial y que el juez en cuestión es de extrema confianza del presidente de la Suprema Corte. Destacó que la joven víctima de violación se ha manifestado con testimonios impactantes que respaldan su denuncia.

Se señala que el crimen se habría cometido cuando la madre de la niña dejó a su hija sola en la casa donde trabajaba, momento que el agresor habría aprovechado para abusar de ella. Además, se han depositado pruebas ante el Departamento de Inspectoría del Poder Judicial que respaldan las acusaciones del magistrado. A pesar de las denuncias presentadas, el juez acusado ha emprendido acciones legales en su contra con el objetivo de perjudicarlo y obligarlo a renunciar a su cargo.

El juez Céspedes Martínez lamenta que, en lugar de investigar a los responsables de los hechos denunciados, se haya iniciado una investigación en su contra. Explica que se han presentado pruebas contundentes que deberían llevar al destitución del juez implicado, pero este ha contado con apoyos poderosos que han evitado su sanción, provocando incluso el traslado de los denunciantes a otra corte judicial. Critica que en lugar de castigar al corrupto, se haya optado por perjudicar al denunciante.

Además de la denuncia de violación, el juez Martínez también relata un intento de presión por parte de un consejero de la Suprema Corte para liberar a un narcotraficante, así como llamadas fraudulentas de personas haciéndose pasar por altos funcionarios religiosos para obtener favores ilegales. Estas acciones evidencian una red de corrupción y presiones dentro del sistema judicial que buscan proteger a los culpables y castigar a quienes buscan la justicia. El magistrado hace un llamado a la transparencia y a la ética en la administración de justicia para garantizar la protección de los más vulnerables y el castigo de los criminales.

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