Jonah Castillo Ortega fue arrestado y llevado a la cárcel para cumplir tres meses de prisión preventiva como medida coercitiva, tras ser acusado de agredir sexualmente a varias menores de edad. El Juzgado de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste, presidido por la magistrada Cecilia Toribio, dictaminó esta medida el pasado lunes después de varios aplazamientos en el proceso legal.
Esta no es la primera vez que se solicita una medida de coerción contra Johan Castillo Ortega, ya que anteriormente había sido acusado por dos jóvenes de violación. En esa ocasión, se le impuso una garantía económica como medida cautelar. Según el Ministerio Público, el pastor utilizaba el sótano de la Iglesia Libre en Los Alcarrizos para cometer los abusos sexuales contra menores que asistían a las actividades religiosas.
El imputado, en la foto que se ha difundido, lleva el rostro tapado con una camiseta verde. Se le ha trasladado al Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres para cumplir la prisión preventiva. El proceso legal contra Castillo Ortega ha sido seguido de cerca por la opinión pública, que ha expresado su consternación y repudio ante estos graves delitos.
El pastor evangélico ha sido objeto de varias acusaciones por parte de diferentes menores de edad, lo que lo ha llevado a enfrentar múltiples medidas de coerción. La gravedad de los delitos que se le imputan ha generado un gran impacto en la sociedad dominicana, que exige justicia y que se haga responsable a quien ha cometido estos actos atroces.
El Ministerio Público ha continuado con la investigación y recolección de pruebas para sustentar las acusaciones contra Johan Castillo Ortega. Se espera que se lleve a cabo un juicio justo y que se haga justicia para las víctimas de estos abusos. La sociedad dominicana ha pedido mayor protección para los menores de edad y una mayor vigilancia sobre las instituciones religiosas para evitar que estos hechos vuelvan a ocurrir.
El caso de Johan Castillo Ortega ha generado un intenso debate sobre la seguridad de los menores en la República Dominicana y la responsabilidad de las autoridades y las instituciones religiosas en la protección de los más vulnerables. Se espera que este caso sirva como precedente para prevenir y castigar estos delitos en el futuro. La sociedad dominicana está atenta al desarrollo de este caso y espera que se haga justicia para las víctimas de abuso sexual.
