El director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, celebró la medida de coerción de 18 meses de prisión impuesta contra Hugo Beras, José Ángel Gómez Canaán (Jochi) y Pedro Vinicio Padovani Báez, acusados en el caso Camaleón. Camacho destacó que esta decisión es un triunfo de la verdad sobre la mentira y responde a la gravedad de los hechos y el daño causado al Estado. Asimismo, mencionó que se encontraron evidencias de que los imputados estaban vigilando a miembros del sistema de justicia, lo que motivó la decisión judicial.
El director de Pepca también anunció que se enfocarán en nuevas líneas de investigación que podrían llevar a la implicación de más personas en el caso. Camacho destacó que seguirán recabando evidencias y explorando nuevas vías de investigación. Esta declaración sugiere que el caso Camaleón podría extenderse a otros implicados en actividades delictivas. Además, la juez Fátima Veloz impuso diferentes medidas de coerción a los acusados, como arresto domiciliario para Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda y garantía económica e impedimento de salida para Frank Díaz Warden.
En cuanto a los acusados Juan Francisco Álvarez Carbuccia y Carlos José Peguero Vargas, se les impuso una garantía económica, impedimento de salida y presentación periódica como medidas de coerción. La juez declaró el caso complejo y programó la revisión obligatoria de las medidas para el 9 de enero de 2025. Los imputados en el caso Camaleón enfrentan cargos relacionados con corrupción, crimen organizado, desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, entre otros delitos. Estos crímenes están tipificados y sancionados en la Constitución de la República Dominicana y en el Código Penal, así como en otras leyes relacionadas.
Durante la audiencia, se presentaron jueces que, según el Ministerio Público, fueron vigilados por Gómez Canaán (Jochi). Esta comparecencia de los jueces en la audiencia fue criticada por los abogados de los imputados, quienes consideran que se trata de una violación del debido proceso que debe ser respetado. En el caso Camaleón, se han identificado múltiples delitos relacionados con corrupción, crimen organizado, terrorismo, lavado de activos y otros. La decisión de la jueza de declarar el caso complejo señala la gravedad de los hechos y la importancia de garantizar una investigación exhaustiva y justa.
El proceso legal en torno al caso Camaleón continúa avanzando, con medidas de coerción impuestas y la promesa de nuevas investigaciones para identificar a más implicados. La lucha contra la corrupción y el crimen organizado representa un desafío constante en la República Dominicana, y casos como este demuestran la determinación de las autoridades para perseguir a aquellos que infringen la ley. La decisión de la juez de imponer medidas severas a los acusados envía un mensaje claro sobre la importancia de la integridad y la transparencia en las instituciones públicas.
