El ex director ejecutivo del Intrant, Hugo Beras, junto con el empresario José Ángel Gómez Canaán (Jochi) y otros cinco implicados en un caso de presunta corrupción, fueron trasladados a una sala de audiencias para conocer la solicitud de medida de coerción en su contra en la Operación Camaleón. Los demás acusados son Frank Rafael Atilano Díaz Warden, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, Pedro Vinicio Padovani Báez, Juan Francisco Álvarez y Carlos José Peguero Vargas, todos custodiados por la Unidad de Traslado de Alto Riesgo hacia la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional.

La jueza Fátima Díaz preside la audiencia, donde el Ministerio Público, representado por Wilson Camacho y Mirna Ortiz, solicita prisión preventiva y que el caso sea declarado complejo. La operación Camaleón, realizada por el Ministerio Público, investiga una presunta red de corrupción que habría implicado al menos siete personas en un proceso iniciado con una licitación del Intrant. Se han destacado irregularidades que incluyen terrorismo, espionaje, crimen organizado, uso de documentos falsos, enriquecimiento ilícito y desfalco.

El eje de la operación Camaleón se centra en una licitación pública donde se adjudicaron a la empresa de Jochi Gómez más de 1,317 millones de pesos para modernizar el sistema de semáforos del Gran Santo Domingo. El caso ha generado interés y preocupación en la sociedad dominicana, ya que pone en evidencia posibles actos de corrupción en el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, una institución clave para la seguridad vial en el país. La solicitud de medidas de coerción y la declaración de complejidad del caso sugieren la gravedad de las acusaciones presentadas por el Ministerio Público.

La presidencia de la audiencia por parte de la jueza Fátima Díaz y la representación del Ministerio Público aportan seriedad y rigor al proceso judicial, buscando un desenlace justo y transparente en el caso de presunta corrupción en el Intrant. La implicación de altos cargos y empresarios en actividades ilegales es un tema que preocupa a la población dominicana, que espera que se haga justicia y que se castigue a aquellos que hayan cometido delitos. La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para fortalecer el estado de derecho y mantener la confianza en las instituciones del país.

La investigación de la operación Camaleón ha sacado a la luz posibles prácticas corruptas dentro del Intrant, lo que pone en entredicho la integridad y la ética de los funcionarios involucrados. La corrupción es un mal que socava las bases de la sociedad y que debe ser combatido con determinación y firmeza. La aplicación de la ley de manera rigurosa y transparente es crucial en casos como este, donde se ven comprometidos altos funcionarios públicos y empresarios en actividades cuestionables.

La transparencia en el manejo de los recursos públicos y la rendición de cuentas son pilares fundamentales para combatir la corrupción y garantizar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones. El proceso judicial en torno a la operación Camaleón es un paso importante en la lucha contra la corrupción en la República Dominicana, enviando un mensaje claro de que aquellos que abusan de su poder y cometen actos ilegales no quedarán impunes. La sociedad dominicana espera que se haga justicia y que se establezcan las responsabilidades correspondientes en este caso de presunta corrupción en el Intrant.

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