El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) ha sido objeto de críticas recientes por las restricciones impuestas a las personas mayores de 65 años para renovar la licencia de conducir. Según el artículo 21 del decreto 6-19, firmado por el ex presidente Danilo Medina, se establece que a los conductores de esta edad solo se les puede renovar la licencia por dos años. Además, se ha argumentado que los envejecientes pagan una doble tributación, ya que el precio por la renovación es de mil 900 pesos por cuatro años, mientras que a ellos solo se les permite renovar por dos años al mismo precio.
Por su parte, el Intrant ha defendido estas medidas, afirmando que no constituyen una discriminación ni violan la Constitución de la República. Según la institución, las restricciones a los conductores mayores de 65 años responden a la necesidad de garantizar la seguridad vial, ya que a esa edad es común experimentar cambios físicos y cognitivos que pueden afectar la capacidad para conducir de manera segura. Además, han señalado que los mil 900 pesos por dos años de renovación son tarifas estándar establecidas para todos los solicitantes de licencia, independientemente de su edad.
Sin embargo, críticos de la medida han argumentado que el cobro de mil 900 pesos por dos años de renovación implica que los envejecientes pagan el doble, ya que en un período de cuatro años tendrían que renovar la licencia dos veces al mismo costo. Esta situación ha llevado a cuestionamientos sobre la legalidad de estas disposiciones y su conformidad con el principio de igualdad ante la ley establecido en el artículo 39 de la Constitución, el cual prohíbe cualquier forma de discriminación por motivos de edad, entre otros.
Desde el Intrant se ha afirmado que las restricciones y tarifas impuestas a los conductores mayores de 65 años se basan en el reglamento de licencias de conducir y en la Ley de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Aunque reconocen que no está explícitamente establecido en el reglamento, argumentan que es necesario un mayor control en la renovación de licencias para garantizar la seguridad de las personas y del entorno. Asimismo, han destacado que cualquier recargo adicional por vencimiento o no renovación está contemplado en la legislación vigente.
En definitiva, la controversia en torno a las medidas implementadas por el Intrant para los conductores mayores de 65 años ha generado un debate sobre la equidad, la discriminación y la seguridad vial. Mientras la institución defiende su decisión como necesaria para proteger a esta población vulnerable, críticos y activistas han expresado su preocupación por la posible violación de derechos fundamentales y el trato desigual hacia los envejecientes en el proceso de renovación de licencias de conducir. La discusión sigue abierta y es probable que se sigan planteando diferentes puntos de vista y propuestas para abordar esta situación de manera justa y equitativa.
