La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, anunció que los operativos realizados durante el fin de semana por los organismos de seguridad del Estado continuarán como parte de una política para disminuir los conflictos sociales. Raful destacó que estas intervenciones no son aisladas, sino que forman parte de una política que se encuentra en el marco de la reforma de la Policía Nacional y que involucra a todas las autoridades. En estos operativos, se clausuraron alrededor de 25 lugares de expendio de bebidas y se exigió a los propietarios que cumplieran con los reglamentos en la materia. No se mencionaron sanciones ni multas en relación a estas clausuras.

Los negocios clausurados durante los operativos realizados por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas incumplían diversas normativas, como tener bocinas sonando a alto volumen en la vía pública, vender alcohol sin licencia, entre otras infracciones. El despliegue policial se centró en provincias como Santo Domingo, el Distrito Nacional, Santiago de los Caballeros, Cotuí, Pedernales, Higüey y Samaná, donde se registraban niveles más elevados de incidencia. Estas medidas fueron tomadas como parte de la reunión semanal sobre seguridad ciudadana que se lleva a cabo cada lunes en el Palacio de la Policía Nacional, con la presencia del presidente Luis Abinader o la vicepresidenta Raquel Peña.

Esta acción de las autoridades fue una respuesta al accidente ocurrido en Azua, en el que seis personas perdieron la vida y decenas resultaron heridas cuando un camión cargado de aguacates embistió a un grupo de personas que se encontraban divirtiéndose en medio de la carretera. Este trágico suceso motivó la intensificación de los operativos de control de centros de bebidas alcohólicas en diversas zonas del país. La ministra Raful no mencionó específiicamente si las clausuras de estos establecimientos estarán acompañadas de sanciones o multas para los propietarios.

Estos operativos tienen como objetivo principal garantizar el cumplimiento de normativas y reglamentos en el sector de expendio de bebidas alcohólicas, especialmente en aquellas zonas donde se registren mayores niveles de incidencia de conflictos sociales. La presencia de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en estas acciones busca garantizar un ambiente de seguridad y tranquilidad para la ciudadanía, así como prevenir situaciones como la ocurrida en Azua, donde la imprudencia y el incumplimiento de normas resultaron en una tragedia. Es importante destacar que estas medidas se enmarcan en una política más amplia de reforma y modernización de la Policía Nacional, con el objetivo de fortalecer la seguridad ciudadana en todo el país.

En resumen, los operativos realizados por los organismos de seguridad del Estado, en conjunto con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, continuarán como parte de una política para disminuir los conflictos sociales en diversas zonas del país. Estas acciones se enfocan en clausurar lugares de expendio de bebidas que incumplen normativas y reglamentos, especialmente en zonas con altos índices de incidencia. La intensificación de estos operativos se debe, en parte, a un trágico accidente ocurrido en Azua, el cual motivó una respuesta inmediata de las autoridades. Estas medidas buscan garantizar un ambiente de seguridad y tranquilidad para la ciudadanía, así como prevenir situaciones similares en el futuro, en el marco de la reforma y modernización de la Policía Nacional.

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