En este artículo se aborda la preocupación de familiares de personas que han perdido la vida en enfrentamientos con la Policía Nacional en la República Dominicana, quienes consideran que estos incidentes no son simples intercambios de disparos, sino ejecuciones extrajudiciales. Algunos familiares admiten que sus seres queridos estaban involucrados en actividades delictivas, pero consideran que la forma en la que fueron enfrentados no fue la correcta, ya que existen centros de reclusión para estos casos. Otros parientes sostienen que sus allegados no tenían vínculos delictivos y fueron ultimados en medio de una confusión.
Durante el primer trimestre de 2024 se reportaron al menos 21 fallecimientos como resultado de disparos ejecutados por miembros de la Policía Nacional en la República Dominicana. A pesar de las investigaciones que se llevan a cabo para verificar la versión de los agentes, la policía no ofrece información sobre el proceso para determinar si hubo uso indebido de la fuerza ni sobre agentes involucrados en los supuestos enfrentamientos. El procurador fiscal Orlando Antonio Santos Ramírez sostiene que se realizan levantamientos en la zona con cámaras y entrevistas a testigos para esclarecer los hechos.
Si se determina que los agentes emplearon fuerza indebida, deben enfrentar la justicia y ser acusados, en muchos casos, por homicidio. El fiscal señala que no hay distinción en la ley entre autoridades y civiles, y que las acciones injustificadas deben ser sometidas a la justicia de acuerdo a la gravedad del hecho. Familiares de las víctimas exigen que se realicen investigaciones exhaustivas y se sancione a los responsables, ya que consideran que muchos de estos casos son ejecuciones extrajudiciales disfrazadas de intercambios de disparos.
Algunos testimonios de familiares de las víctimas muestran su indignación y dolor ante lo sucedido. Madres como Reyita Alcántara, cuyo hijo murió en un supuesto intercambio de disparos, denuncian que sus seres queridos fueron asesinados sin motivo aparente. Otras como María Teresa, madre de Fernando Josel Valdez, afirman que sus hijos fueron vendidos a agentes por enemigos y exigen justicia por sus muertes. Estos casos generan críticas hacia la actuación de las autoridades y la falta de transparencia en las investigaciones.
Organizaciones de derechos humanos como la Comisión de los Derechos Humanos y miembros de la sociedad civil rechazan estas acciones y consideran que las muertes en supuestos intercambios de disparos son ejecuciones extrajudiciales disfrazadas. Instan al Gobierno a seguir trabajando en la reforma policial para eliminar estos casos y mejorar la seguridad ciudadana en el país. Se señala que la falta de políticas públicas efectivas en seguridad ciudadana y prevención de la criminalidad genera situaciones como estas, que afectan a las familias dominicanas y perpetúan la violencia en la sociedad.
En conclusión, la situación de enfrentamientos armados con la Policía Nacional en la República Dominicana ha generado preocupación y críticas por parte de familiares de las víctimas, organizaciones de derechos humanos y miembros de la sociedad civil. Se denuncia la falta de transparencia en las investigaciones, la posible ejecución extrajudicial de personas y la necesidad de reformas en la policía para garantizar la seguridad ciudadana. Estos casos reflejan la complejidad de la violencia y la criminalidad en el país, así como la urgencia de tomar medidas para prevenir futuros incidentes.
