Según la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), República Dominicana tiene una población de 10 millones 773 mil 983 personas, lo que representa una disminución en comparación con los últimos 20 años debido a una reducción en la fecundidad. La provincia de La Altagracia ha experimentado un aumento significativo en la población en los últimos años.
El informe del Décimo Censo de Población y Vivienda en República Dominicana revela que más del 50% de los hogares dominicanos tienen pisos de concreto, mientras que las baldosas de cerámica están presentes en el 34,1% de las viviendas. El bloque o concreto es el material principal utilizado para las paredes en un 82%, seguido de la madera en un 13%. Los techos de concreto son los más comunes con un 50,9%, seguidos de los techos de zinc con un 47,5%.
Según los resultados del censo, es importante mejorar el acceso al agua potable en el país, especialmente en las zonas rurales. Aproximadamente el 62,7% de los hogares urbanos tienen acceso a agua corriente dentro de sus viviendas, mientras que esta cifra se reduce al 44,0% en las zonas rurales. Solo el 5,0% de las viviendas urbanas y el 13,7% de las viviendas rurales cuentan con grifos públicos de agua.
El ministro de Economía, Pavel Isa Contreras, informó que el proceso de empadronamiento para el censo tuvo un costo de 3,600 millones para el Estado, en un contexto sociopolítico desafiante donde se presentaron nuevas actitudes en segmentos específicos de la población que no confiaban en los censistas. Esta situación se atribuye a la inseguridad, especialmente en los grandes centros urbanos.
En resumen, el Décimo Censo de Población y Vivienda en República Dominicana muestra una disminución en la población en comparación con los últimos 20 años, así como la importancia de mejorar el acceso al agua potable en todo el país. La provincia de La Altagracia ha experimentado un aumento en la población, mientras que la mayoría de los hogares dominicanos tienen pisos de concreto y techos de zinc. El proceso de empadronamiento para el censo tuvo un costo de 3,600 millones para el Estado, en un contexto de desconfianza y seguridad en los censistas.
