La Dirección General de Migración (DGM) deportó y repatrió a 18,848 haitianos encontrados en la República Dominicana sin la documentación adecuada en los primeros días de octubre. De este número, 16,893 fueron repatriados después de una operación que comenzó el 3 de octubre. Estas acciones, realizadas con el apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, destacan la capacidad operativa de las agencias estatales. La DGM enfatizó que estas deportaciones se llevaron a cabo de acuerdo con la Ley 285-04 y en línea con convenios internacionales, garantizando el respeto por los derechos humanos.
En respuesta, el Consejo Presidencial de Transición (CPT) de Haití instó a la República Dominicana a cumplir con sus compromisos internacionales, pidiendo el fin de lo que describió como prácticas de deportación "brutales y racistas". El CPT hizo referencia específicamente al protocolo de repatriación de 1999 entre ambas naciones y otros acuerdos internacionales, los cuales dictan que la República Dominicana tiene el derecho de repatriar a ciudadanos haitianos indocumentados pero debe respetar los derechos humanos y evitar la separación de familias.
Haití además reportó irregularidades en el proceso de deportación, alegando numerosos casos de abuso documentados por diversas instituciones. El CPT instó al gobierno dominicano a abordar estos problemas en cumplimiento con los acuerdos establecidos.
Por otro lado, la República Dominicana emitió un comunicado en el que afirmó que las deportaciones se realizaron de acuerdo a la ley y en respeto a los derechos humanos, enfatizando que se llevó a cabo un proceso de revisión exhaustivo para determinar la situación migratoria de los individuos afectados.
El gobierno dominicano señaló que las repatriaciones se llevaron a cabo en cumplimiento con las normativas internacionales y que se respetaron los derechos de los deportados en todo momento. Asimismo, destacaron que la operación fue ejecutada de manera conjunta con otras instituciones del Estado para garantizar la legalidad y transparencia del proceso.
En cuanto a la postura de Haití, el país caribeño continuó presionando a la República Dominicana para que se ajustara a los protocolos y acuerdos internacionales en materia migratoria. El CPT instó a una revisión exhaustiva de las prácticas de deportación y a la adopción de medidas para prevenir posibles abusos en el futuro.
